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SANTO DOMINGO, R.D. – En una reciente y contundente intervención en el programa radial Politikal, el reconocido ambientalista y coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Luis Carvajal, repudió de forma categórica la actual explotación de agregados en la provincia de Barahona. Carvajal advirtió que el sector opera bajo una dinámica de irregularidades que pone en riesgo fuentes hídricas vitales y ecosistemas estratégicos, señalando que la falta de supervisión estatal ha permitido que los intereses económicos primen sobre el bienestar colectivo.
Durante la entrevista, Carvajal hizo especial énfasis en la situación de La Guázara, donde reiteró que no existe una licencia social para permitir la exploración o explotación de agregados. Explicó que el sistema de permisos establece momentos críticos de consulta con la población que están siendo ignorados o simulados por las empresas.
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Hace dos años, varios expertos ambientalistas aseguraron que para la realización de cualquier proyecto minero en República Dominicana, como el caso de la grancera en el distrito municipal de El Cachón, provincia Barahona, se requiere del permiso social ambiental, que es el que otorga la comunidad y que está contemplado en la ley. En aquel entonces, Carvajal, junto a especialistas como Fernando Peña y Maritza Ruiz, ya advertían que cualquier extracción sin este aval constituye una violación legal que demanda la intervención inmediata de las autoridades.
"Si la comunidad no aprueba un proyecto no es posible desarrollarlo; el permiso social forma parte del permiso estructural de los proyectos". Sin embargo, el experto denunció que en muchos casos el Ministerio de Medio Ambiente permite que las propias empresas organicen las vistas públicas, desvirtuando el proceso legal.
Un negocio más lucrativo que el narcotráfico
Con un tono profesional pero alarmante, el ambientalista calificó la situación de los agregados como un "desorden" histórico que ningún gobierno ha querido resolver de raíz. Carvajal fue tajante al afirmar que "la mafia de los agregados es peor que la de la droga y ese negocio deja más que las drogas".
El experto detalló que, aunque la ley prohíbe extraer materiales de los ríos, se utiliza el pretexto de "adecuación de cauce" para continuar con la práctica ilegal. En Barahona, este impacto se siente con fuerza en zonas como el Bauruco Oriental y el naciente del río Nisaito, donde proyectos como la explotación de carbonato cálcico por parte de la empresa Belfon están generando problemas críticos de transporte y contaminación.
Impacto ecológico irreversible
Durante la conversación con Carvajal sobre la pérdida de biodiversidad y en el caso específico de El Cachón, el ambientalista denunció el desmonte de casi 300 tareas de bosque nativo y endémico, una acción que altera funciones ecológicas fundamentales para la estabilidad de la isla.
Finalmente, Carvajal lamentó que el Ministerio de Medio Ambiente opere bajo lo que llamó una "red de complicidades", donde la capacidad de actuar depende del vínculo político o el poder económico del infractor. "Encontramos un proyecto turístico, lo informamos, van y no tocan a nadie; pero en el mismo sitio... una señora en un patio tumbó dos matas y le pusieron una multa", concluyó, evidenciando el trato diferencial que impera en la gestión de los recursos naturales del país.
