domingo, mayo 3, 2026
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Imponen prisión preventiva a imputado vinculado a red de corrupción desmantelada en la Operación Cobra

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Santo Domingo.- Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, un juez del Distrito Nacional impuso prisión preventiva por 18 meses a Ángel Luis Guzmán Vásquez por su vinculación con la red de corrupción que sustrajo miles de millones de pesos en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La procuradora general de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), valoró la decisión del juez Rigoberto Sena, quien, además, declaró el proceso de tramitación compleja.

“El juez, también, estuvo conteste con el Ministerio Público, de que se trata de hechos graves, que atentan no solo con los fondos públicos, sino, también, con la salud de las personas a las que se les drenó dinero de su seguro médico y que eso pudo traducirse eventualmente en falta de asistencia, de cobertura y de servicios”, señaló Ortiz.

Recordó que el caso de Guzmán Vásquez se abre como resultado de una de las líneas de investigación que desarrolla el Ministerio Público a partir de la Operación Cobra que enfrentó a la estructura que afectó los fondos del SeNaSa.

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“Su rol, a pesar de ser auxiliar de un departamento, era el hecho de tener acceso a las fuentes de información. Tenía acceso a los programas; tenía acceso a códigos privilegiados; incorporó códigos de médicos. Facturaron servicios sin ser ofrecidos porque tenía todos los accesos siendo empleado de la institución”, señaló.

Dijo que Guzmán Vásquez no ha negado la contundencia de las imputaciones, aunque intente defenderse de algunas. “Pero, el juez entendió y, así lo establece en su resolución, que los hechos ocurrieron tal cual el Ministerio Público relató en su medida”, resaltó.

El Ministerio Público durante la audiencia estuvo representado en la litigación por la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, así como por los procuradores fiscales Rosa Alba García Alexis Piña y Emmanuel Ramírez.

Ortiz se refirió al proceso al responder preguntas de periodistas que cubren la fuente judicial luego de la imposición de la medida de coerción.

El proceso

Según el órgano acusador, Guzmán Vásquez está vinculado a la red de corrupción que sustrajo miles de millones de pesos del Estado dominicano y en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Guzmán Vásquez, quien se desempeñaba como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas en SeNaSa, desde el 8 de marzo del año 2021 hasta el 1 de noviembre del año 2022, trató de salir del país con destino a Boston, Estados Unidos, sin contar con boleto de retorno al país.

El imputado está vinculado a autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas como parte de la red criminal que estafó al SeNaSa mediante el empleo de distintas maniobras y modalidades fraudulentas, para hacerse con montos económicos fuera de los parámetros legalmente establecidos.

Como parte de la operación Cobra, el Ministerio Público investiga autorizaciones de servicios fraudulentas solicitadas entre el 28 de enero de 2021 al 20 de febrero de 2025, sumando 4,363 para cirugía menor ambulatoria y consulta especializada, con un monto acumulado de al menos RD$41,125,551.02.

Tras la puesta en marcha de la Operación Cobra en diciembre pasado fue arrestado y sometido a la justicia Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción, quien ayer les fueron ratificados los 18 meses de prisión preventiva que cumple desde el mes de diciembre del pasado año en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Junto a Hazim Albainy, también cumplen la misma medida de coerción los imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

Por el caso también son procesados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes tienen medidas de coerción de arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.La procuradora de corte Mirna Ortiz resalta que el juez, como el Ministerio Público, entendió que se trata de hechos graves que afectaron fondos del SeNaSA.

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