Por: Juana Columna
El abogado Carlos Escalante ha destapado una preocupante realidad, según sus declaraciones, el Estado dominicano parece ser cómplice en la protección de estafas que afectan frecuentemente a los ciudadanos.
Estas revelaciones surgieron en el programa «A la Clara con Ramón Tolentino» bajo la producción de De Último Minuto a raíz de un caso específico de presunta estafa, en el que se ha visto involucrado el empresario Emmanuel Rivera Ledesma y otras seis personas en el denominado caso Nido el cual supera los 700 millones de pesos.
El Artículo 405 del Código Penal, según Escalante, juega un papel ambiguo al permitir estafas con penas de seis meses a dos años, por lo que, Ramón Tolentino no dejó de externar su preocupación e indignación ante la corta condena.
«Tu ta´ relajando conmigo, pues yo cogí la carrera equivocada, yo voy a estafar coñazo, como que 6 meses a 2 años», exclamó Tolentino.
Según se estipula en el Código Penal «Art. 405.- Son reos de estafa, y como tales incurren en las penas de prisión correccional de seis meses a dos años, y multa de veinte a doscientos pesos: 1o. los que, valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando manejos fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas, de créditos imaginarios o de poderes que no tienen, con el fin de estafar el todo o parte de capitales ajenos, haciendo o intentando hacer, que se les entreguen o remitan fondos, billetes de banco o del tesoro, y cualesquiera otros efectos públicos, muebles, obligaciones que contengan promesas, disposiciones, finiquitos o descargos; 2o. los que para alcanzar el mismo objeto hicieran nacer la esperanza o el temor de un accidente o de cualquier otro acontecimiento quimérico».
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En ese sentido, Carlos Escalante recomendó desde una perspectiva desafiante que, donde la pena reducida incentiva el negocio de las estafas, razón por la que «prácticamente son permitidas al no cuantificar la cantidad de dinero estafado».
En adición a esto, el jurista reiteró su llamado a que se legisle para aumentar el castigo y que el retorno de los recursos de los estafados queden garantizados en que se les retornarán.
«Es importante luchar por la actualización de nuestro Código Penal antiguo. Propone la necesidad de un código penal moderno para asegurar que las víctimas tengan mayores posibilidades de recuperar su dinero», indicó.
Se recuerda que recientemente en la República Dominicana se han desatado diversos casos de estafas que van desde el intercambio directo de dinero hasta las ofertas de venta de inmuebles como casas y apartamentos.