Santo Domingo. – La Oficina Nacional de Defensa Pública pidió este martes un aumento salarial para los defensores públicos y el personal administrativo de la institución.
“No es posible que los defensores públicos devenguen un salario inferior y tan alejado al de sus pares, pertenecientes a las dos otras instituciones instituidas constitucionalmente, al igual que la Defensa Pública, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes actualmente perciben justamente el doble y el triple, en algunos casos que los defensores públicos y coordinadores, en las distintas categorías”, indican en un comunicado.
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Los defensores públicos brindaron servicios a 27,669 personas, durante el primer trimestre de 2023, de los que 26,673 correspondieron a casos ordinarios (personas adultas) y 996 casos de adolescentes.
En la mayoría de las actuaciones de la Defensa Pública en materia penal, los representados eran del sexo masculino, ya que, de un total de 5,426 personas, 5,140 eran hombres y 286 mujeres y, en el caso de los 368 adolescentes 333 eran de sexo masculino y 35 femenino.
Los abogados que desempeñan la labor de defensa pública están altamente cualificados para brindar un servicio de defensa legal gratuita dirigido a las personas privadas de libertad o vinculadas a un proceso judicial que carecen de recursos económicos para pagar un abogado, o por cualquier otro motivo por el que carezcan de representación legal.
En la actualidad la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), cuenta solo con 156 defensores públicos y 129 abogados adscritos, lo que supone «un déficit de abogados», de los que 180 son mujeres y 105 son hombres, lo que equivale a un defensor por cada 37,270 habitantes, apunta la nota.
Además, la institución necesita mayor presupuesto para cumplir con las necesidades y requerimientos que ha hecho el Senado de la República y el Poder Judicial con el fin de abrir oficinas en Dajabón, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Samaná, Las Matas de Farfán, Constanza, El Seibo, e Independencia.
En la nota se señala la necesidad de aumentar el personal e igualar el salario de los defensores públicos al de los fiscales, sin embargo, las «innumerables diligencias para obtener un aumento de presupuesto» no han fructiferado.
