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Seis de cada diez personas que reciben subsidios del Estado dominicano residen en el Cibao o en la zona metropolitana. Así lo revelan los datos más recientes de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), que muestran cómo la distribución geográfica de los programas de asistencia no siempre coincide con el mapa de pobreza del país.
El Cibao concentra el 33 % de los hogares beneficiarios, mientras que el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo que integran la zona metropolitana agrupan el 28 %. El Sur representa el 22 % y el Este el 17 %.
Desde su creación en 2021, Supérate ha buscado integrar y ampliar los programas de asistencia social en República Dominicana.
A los tradicionales Aliméntate, BonoGas Hogar y BonoLuz se sumaron ayudas más específicas.
Entre ellas está Supérate Mujer, que en un trimestre destinó RD$26.9 millones a 1,482 beneficiarias. El Fondo Discapacidad entregó RD$140.5 millones a 6,373 hogares con niños con discapacidad severa. El Bono Madre desembolsó RD$1,129 millones en solo tres meses.
Y en el área productiva, el programa Agricultura Familiar Valle Nuevo brindó apoyo a familias desplazadas de esa zona.
Pese a esta diversificación, la estructura del padrón genera cuestionamientos. Entre 2020 y 2025, el número de beneficiarios pasó de 2.3 millones de personas a 3.6 millones, pero no existe información pública que detalle cuántos hogares han salido de la pobreza en ese mismo periodo.
Para Leidy Blanco, coordinadora de Participación Ciudadana, el problema es de fondo: “Hay beneficiarios que no cumplen criterios de vulnerabilidad, mientras otros que sí lo necesitan quedan fuera”. Añade que, sin controles efectivos, la asistencia puede usarse como arma política: “Lo peor no es solo el uso de recursos públicos para mantenerse en el poder, sino utilizar el hambre y la desigualdad para lograrlo”.
El crecimiento de la Red de Abastecimiento Social (RAS) de 5,924 comercios en 2020 a 22,348 en 2025 ha facilitado el acceso a bienes subsidiados, pero también incrementa los desafíos de fiscalización sobre precios, calidad y cumplimiento de las reglas.
