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El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que aceptará peticiones de asilo de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya están en México, en un intento por descongestionar la frontera del lado mexicano.
El anuncio es fruto de un acuerdo con el Gobierno mexicano que llega días después de una reunión en Ciudad de México entre una delegación estadounidense y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó en un comunicado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
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Como parte de ese acuerdo, el Ejecutivo mexicano se ha comprometido a crear un “espacio internacional multipropósito” en el sur de México para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a las personas más vulnerables que se encuentran en el país, detalló la Casa Blanca.
Demanda
Activistas y migrantes presentaron este jueves una demanda contra instancias del gobierno federal de Estados Unidos en la que argumentan que condicionar los pedidos de asilo en la frontera sur terrestre al uso de una aplicación atenta contra los derechos humanos.
La acción legal en contra del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), establece que la implementación de la aplicación CBP One, que la administración del presidente Joe Biden activó este año para canalizar los pedidos de asilo, imposibilita a las personas que buscan medidas de protección en el país.
“CBP One crea esencialmente una lista de espera electrónica que restringe el acceso al proceso de asilo estadounidense a un número limitado de inmigrantes privilegiados”, apunta el texto legal introducido en una corte federal en California este jueves por las organizaciones Al Otro Lado y Haitian Bridge Alliance, junto a diez migrantes que afirman que la aplicación bloqueó su intento de pedir asilo.
El gobierno de Joe Biden lanzó CBP One en enero ante el inminente final del Título 42, la norma sanitaria activada bajo la administración del expresidente Donald Trump para frenar la pandemia de covid-19.
El Departamento de Seguridad Nacional considera la aplicación una “herramienta clave” en su política de desincentivar cruces ilegales.
