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Caracas.- El Gobierno de Venezuela comenzó a atender los reclamos de los presos en medio de la huelga carcelaria que comenzó el domingo pasado y que, según organizaciones no gubernamentales (ONG), mantiene este jueves a más de 50.000 privados de libertad en protesta.
El Ministerio de Servicios Penitenciarios difundió en redes sociales fotografías que muestran al líder de esa cartera de Estado, Julio García Zerpa, nombrado el martes para el cargo, en conversaciones con mujeres y hombres recluidos en los estados Lara (oeste) y Carabobo (norte).
Se trata, explicó el Gobierno, del comienzo de un despliegue de atención de las denuncias de los privados de libertad y de sus familiares, algunos de los cuales se han manifestado frente a tribunales en las últimas 48 horas para exigir respuesta a los reclamos de los reos.
Asimismo, el Ministerio habilitó un correo electrónico para la recepción “directa” de denuncias relacionadas con los sitios de reclusión.
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Hasta ahora, el Ejecutivo no ha publicado más información sobre la situación dentro de las cárceles y ni siquiera ha empleado la palabra “huelga” al hablar de la atención brindada desde el domingo, cuando se inició la protesta.
Mientras tanto, las ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) y Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicaron este jueves nuevos reportes en las redes sociales, donde dieron cuenta de la continuidad de la huelga y de nuevas protestas de familiares de los reclusos al frente de tribunales en varias regiones del país.
Asimismo, el OVP dijo tener información sobre las gestiones del Gobierno en un par de penitenciarías, en las que habría comenzado a revisar los expedientes de los internos a fin de otorgar las redenciones correspondientes.
Según los registros de las ONG, la huelga de hambre se extendió por 51 centros -entre penitenciarías y calabozos de comisarías- ubicados en 17 de los 23 estados del país, así como en Caracas.
En un documento enviado al OVP, un grupo de reclusos solicitó que diputados, jueces, Ministerio Público y Defensa Publica se presenten “para que se haga efectiva la práctica del plan revolución judicial”, que contemplaba solucionar en 60 días, desde su aprobación, el hacinamiento y retardo procesal en las prisiones de Venezuela, según anunció el presidente Nicolás Maduro en 2021.
En el escrito también se exige “libertad inmediata para los privados que se encuentran con retardo procesal”, así como la de “toda persona mayor de 70 años” y de quienes se encuentren en condiciones de salud “que no puedan ser atendidos en los centros de reclusión”.
