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Estados Unidos condenó la sentencia de 20 años de prisión impuesta por el régimen de China al empresario de medios Jimmy Lai y sostuvo que el fallo representa un cierre “injusto y trágico” de un proceso que refleja el uso de la justicia para reprimir las libertades fundamentales en la ciudad. El secretario de Estado, Marco Rubio, reclamó además que las autoridades concedan su libertad por razones humanitarias.
“La decisión del Tribunal Superior de Hong Kong de condenar a Jimmy Lai a 20 años de prisión constituye un desenlace injusto y trágico de este caso”, afirmó Rubio en un comunicado.
Para el jefe de la diplomacia estadounidense, la sentencia demuestra que el régimen de Beijing está dispuesto “a llegar a extremos extraordinarios para silenciar a quienes defienden las libertades fundamentales en Hong Kong”.
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El pronunciamiento de Washington sitúa el caso de Lai como un símbolo del deterioro del marco de derechos y libertades que regía en la región administrativa especial bajo el principio de “un país, dos sistemas”. Según el Departamento de Estado, el proceso judicial expone también el abandono de los compromisos internacionales asumidos por China y el Reino Unido en la declaración conjunta de 1984, que establecía garantías políticas, judiciales y civiles para Hong Kong tras su traspaso de soberanía.
Rubio subrayó que el empresario y su entorno han soportado un prolongado proceso judicial y años de detención.
“Tras soportar un juicio que se prolongó durante dos años y más de cinco años de detención en prisión, Lai y su familia ya han sufrido lo suficiente. Estados Unidos insta a las autoridades a concederle a Lai la libertad por razones humanitarias”, señaló el secretario de Estado.
Jimmy Lai, de 78 años, fue condenado por cargos de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras y por la publicación de contenidos considerados sediciosos. El tribunal dictó la pena casi dos meses después de haberlo declarado culpable de delitos que, según la legislación de seguridad nacional aplicada en Hong Kong, podían derivar incluso en cadena perpetua.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se pronunció sobre el veredicto y expresó su “tristeza” por la condena. La Casa Blanca considera que el caso de Lai es un ejemplo del endurecimiento del control político y judicial en Hong Kong desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional.
Las declaraciones de Washington se produjeron en paralelo a una oleada de reacciones internacionales. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió la anulación de la sentencia por considerarla “incompatible con el derecho internacional” y sostuvo que el fallo “criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión”.
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Según la oficina de la ONU, el caso evidencia el alcance de la legislación de seguridad nacional aprobada tras las protestas prodemocracia de 2019.
Türk recordó además la edad avanzada del empresario, su estado de salud y el impacto de más de cuatro años de detención como factores que refuerzan la necesidad de su liberación por motivos humanitarios. El organismo advirtió que delitos como la “conspiración con fuerzas extranjeras” pueden abarcar actividades legítimas de periodistas y organizaciones civiles.
En su evaluación más amplia de la situación en Hong Kong, Naciones Unidas señaló que entre 2020 y 2026 al menos 385 personas fueron arrestadas y 175 condenadas por delitos vinculados a la seguridad nacional. La oficina de derechos humanos también alertó sobre el cierre de medios independientes, la detención de periodistas y el endurecimiento de las políticas de visado y acreditación para la prensa extranjera.
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La Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y Australia se sumaron al llamado para la liberación de Lai. Desde Bruselas se sostuvo que el procesamiento del empresario y de ex directivos y periodistas de su grupo mediático estuvo motivado políticamente y dañó la reputación internacional de Hong Kong como centro financiero.
El régimen chino respondió a la cadena de críticas internacionales defendiendo la condena y afirmando que Jimmy Lai merece un “castigo severo” por, según su versión, haber puesto en grave peligro la seguridad nacional.
