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La Paz.- El Gobierno boliviano identificó un daño económico de más de 1,2 millones de dólares en los medios estatales tras valorar este miércoles los resultados de una auditoría por los hechos durante la crisis política de 2019 y las decisiones efectuadas en la gestión del Gobierno interino en 2020.
En una rueda de prensa en La Paz, la viceministra de comunicación, Gabriela Alcón, expuso la situación de los medios estatales como el canal de televisión Bolivia TV, la emisora radial Patria Nueva y las Radios de los Pueblos Originarios en los que "han ocurrido procedimientos fuera de norma".
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Alcón expuso la situación de Bolivia TV, que tuvo un "cierre violento" de sus instalaciones entre el 9 y 13 de noviembre de 2019 con "pérdidas económicas por gastos operativos e incumplimiento de contratos comerciales" y "amenazas a los periodistas" en jornadas de tensión política y social tras los comicios fallidos de ese año.
La viceministra explicó que el canal estatal pasó de 276 repetidoras de señal en 2019 a tener 135 menos en la gestión interina debido a "negligencia" o "falta de mantenimiento" de esos equipos.
Algo similar sucedió con la cadena radial Patria Nueva cuya cobertura de 2019 a 2020 disminuyó en un 80 % por las mismas razones, algo que hizo que 1,7 millones de personas no tuvieran acceso a la radio, afirmó Alcón.
La viceministra señaló que en 2020 unas 71 de 89 radios comunitarias o de los pueblos originarios, cuyo rol se centra principalmente en comunicados de las poblaciones más alejadas, "han sido acalladas" y lo "peor" es que esto pasó en un tiempo de pandemia cuando mayor era la necesidad de comunicación.
La funcionaria especificó que, a parte del daño económico, hubo "desmantelamiento", señal interrumpida además de "ataque y quema" de los medios estatales cuyos ambientes se utilizaron "en beneficio de grupos paraestatales irregulares".
Alcón también informó que durante la administración de medios estatales durante del Gobierno interino de la expresidenta Jeanine Áñez hubo un "manejo ilegal de contratación de personal" que involucra principalmente a exgerentes del canal estatal.
Según datos proporcionados por la viceministra, la contratación de consultorías en 2020 fue un 58 % mayor que el de este año y mencionó varios casos en los que las contrataciones cayeron en vulneración de los términos de referencia, falta de documentación de respaldo, incumplimiento de requisitos o ausencia de registros de asistencia laboral, entre otros.
La viceministra señaló que se identificaron delitos penales como contribuciones y ventajas ilegítimas de servidores públicos, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, omisión de denuncia, por lo que consideró debe iniciarse una investigación de estos hechos.
