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Una resolución condenatoria sobre “la crisis de derechos humanos en Nicaragua” se aprobó el viernes durante la cuarta sesión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que participan más de una veintena de cancilleres de la región.
La resolución, que se aprobó por aclamación, resuelve instar al gobierno de Nicaragua “a que cese toda violación a los derechos humanos y respete los derechos civiles y políticos, como de las libertades religiosas, y el Estado de derecho”.
Además, el documento llama al gobierno de Nicaragua a liberar “de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos” y a abstenerse de “reprimir y detener arbitrariamente a líderes de la iglesia Católica”.
También exige brindar información sobre la salud física y psicológica del obispo Rolando Álvarez, fuerte crítico del gobierno de Daniel Ortega que fue detenido el 4 de agosto cuando se encontraba en la curia de Matagalpa, al norte del país. Álvarez se encuentra en la cárcel conocida como La Modelo, en Managua, donde cumple una condena de 26 años de cárcel.
La única y última vez que la justicia nicaragüense mostró a Álvarez en la cárcel fue el 26 de marzo.
El presidente la Corte IDH, Ricardo Pérez, apuntó durante la sesión plenaria que la última comunicación oficial que tuvieron por parte del gobierno de Nicaragua fue el 11 de abril de 2022.
El quinto punto de la resolución hace un llamado a las autoridades a “dejar sin efecto” las medidas que privaron de la libertad a ex presos políticos y otros opositores.
Negociaciones llevaron al consenso en la resolución final, que en su primer borrador había sido criticada por opositores nicaragüenses por contener propuestas del gobierno de Brasil que buscaban “suavizar” el lenguaje condenatorio contra el gobierno nicaragüense.
Sin embargo, Brasil decidió dar marcha atrás en sus propuestas más controversiales luego de una “reunión informal” celebrada en la mañana del miércoles con los demás países participantes.
El nuevo documento retiene el lenguaje de condena del original, mencionando hechos que las recomendaciones iniciales de Brasil intentaban poner en duda, según organismos de derechos humanos, como que "las graves condiciones han empujado" a cientos de miles de nicaragüenses al exilio, algo que la recomendación inicial de Brasil había omitido.
En la resolución final, además, reestructuró la exigencia de que Nicaragua debe "permitir el acceso pleno y sin obstáculo a su territorio" de organismos de derechos humanos, y que “coopere plenamente” con los mismos.
Brasil, Colombia y Chile ofrecieron alternativas conjuntas para el punto 11 de la resolución, que previamente describía como “rechazo” de Nicaragua a comprometerse con los organismos internacionales de derechos humanos. En el documento aprobado se refiere a esta como “falta de compromiso” del gobierno.
El punto 12 de la resolución, sugerido por los mismos tres países, establece que la OEA está dispuesta a “comprometerse de manera constructiva con Nicaragua y los mecanismos internacionales de derechos humanos a fin de cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
En entrevista con la Voz de América el miércoles, Francisco Mora, embajador de EEUU ante la OEA, adelantó que estaba confiado en que se aprobaría una “resolución contundente” que “no se iba a suavizar”.
Aprobación de resolución es "un logro": analistas
La aprobación de la resolución evidencia que “la intransigencia de la dictadura Ortega-Murillo los ha aislado cada vez más y que el último mandatario que intentó darle un salvavidas fue rechazado”, dijo a la VOA la socióloga María Teresa Blandón, en referencia a un “intento de Lula por suavizar la declaración”.
“Estamos frente a un nuevo portazo porque, como hemos venido diciendo insistentemente, Ortega y su mujer no quieren salirse del poder, están aferrados al poder, y no van a entender ni tener la capacidad de razonar o de acercar posiciones aun con los gobiernos que han mostrado cierta simpatía por su régimen”, subrayó.
El exembajador de Nicaragua en la OEA, Arturo McField comentó que la resolución “es un triunfo para el pueblo de Nicaragua” porque “no se logró establecer una falsa narrativa sobre lo que pasa en el país, sino que se dijeron las cosas que están pasando, cómo están pasando y, sobre todo, la necesidad de un cambio”.
El proyecto de resolución fue presentado originalmente por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, México, Panamá y Perú.
Antigua y Barbuda se expresó durante la aprobación del proyecto, asegurando que “la OEA ha extendido en el tiempo al gobierno de Nicaragua en múltiples ocasiones, ofreciendo asistencia para restaurar la democracia y sus principios fundamentales de prácticas. Lamentablemente, esos esfuerzos han sido recibidos con desdén en lugar de progreso”.
