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Murcia.- La Policía Nacional ha detenido en Murcia a once personas e investigado a otras dos por su presunta participación en un fraude millonario al Servicio Murciano de Salud que ascendería a 6,8 millones de euros, ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de la Región.
La investigación, que comenzó en enero de 2025, ha determinado que el fraude se realizaba sobre todo en operaciones médicas derivadas desde el Servicio Murciano de Salud a centros concertados y en las que se habrían pagado sobrecostes de entre un 100 y un 1.287 por ciento.
En ellas se facturaba «por servicios que debían ser gratuitos y por material sanitario que no había sido utilizado», a la vez que se utilizaban «productos sanitarios caducados», lo que generaba «un riesgo para la salud pública», indica en un comunicado la Jefatura Superior de Policía.
Los autores del fraude, según las investigaciones, introducían datos falsos en el sistema contable «con el objetivo de utilizar productos sanitarios no autorizados y que no habían sido incorporados al catálogo único de productos» y fijaban «unos precios de compra muy elevados».
Al mismo tiempo, según la fuente, dejaban de utilizar «los productos que sí estaban autorizados y que tenían un coste muy inferior».
Productos no homologados y facturados de forma fraudulenta
Los investigadores, pertenecientes a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Jefatura, detectaron al menos treinta productos no homologados y facturados de forma fraudulenta, desde prótesis vasculares hasta material sanitario fungible.
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Los implicados tendrían un conocimiento exacto de los puntos sensibles del sistema informático contable, y contarían con el auxilio de funcionarios con responsabilidades en la central de compras del Servicio Murciano de Salud, así como en puestos del sistema de facturación, señala el comunicado.
Esto, unido a la ausencia de licitaciones públicas les habría permitido llevar a cabo «negociaciones directas y arbitrarias con la principal mercantil investigada, todo ello en contra de la Ley de Contratos del Sector Público», agrega la nota de la Jefatura.
El Gobierno murciano ha manifestado que el caso se limita a un delito económico relacionado con la adquisición de material sanitario que «no afecta a pacientes».
Fuentes de la Consejería de Salud han indicado que los responsables del servicio del Hospital Virgen de la Arrixaca han concluido que «no consta la implantación de prótesis caducadas, lo que reafirma que estamos ante unas supuestas prácticas irregulares que tenían como objetivo el supuesto fraude económico».
El PSOE, por su parte, ha pedido al presidente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras, que comparezca en la Asamblea Regional para dar explicaciones por este asunto, sobre el que asegura que “no solo se ha hecho caja con la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia, sino que han puesto en riesgo la vida de los pacientes», ha indicado esta formación en un comunicado.
