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Guayaquil (Ecuador).- Un tribunal de Ecuador ratificó este jueves la sentencia de 34 años y ocho meses de cárcel impuesta al expolicía Germán Cáceres por el feminicidio de su esposa, la abogada María Belén Bernal, ocurrido en septiembre de 2022 en el interior de la Escuela Superior de Policía, donde el condenado ejercía de instructor.
Esta ratificación por parte de los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en Quito, se anuncia un año después de que se instaló la audiencia de apelación, en la que, según los abogados de Bernal, la defensa de Cáceres buscaba una reducción de la pena, la máxima posible para feminicidios.
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Además, en esta misma audiencia, que se realizó de manera telemática, la familia de la víctima pedía que se declarara como culpable al policía Alfonso Camacho, quien había sido acusado por la Fiscalía por un presunto delito de omisión de ayuda a la víctima.
Sin embargo, el tribunal, con voto de mayoría, confirmó su inocencia, aseguró el Ministerio Público a través de sus canales oficiales.
Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre de 2022 en la Escuela Superior de Policía, situada en el norte de Quito, donde Cáceres asesinó a Bernal y luego ocultó su cadáver, que no fue encontrado hasta diez días después en un cerro cercano al lugar.
El agente, que era instructor de policías, se dio a la fuga días después y no fue capturado hasta finales de diciembre de ese mismo año 2022 en Colombia. En mayo de 2023 fue declarado culpable del delito de femicidio y desde ese entonces ha cumplido la pena en diversas cárceles del país.
El feminicidio de Bernal conmocionó todo el país y se convirtió en un símbolo de la violencia machista por haberse perpetrado dentro de una institución estatal y bajo vigilancia policial.
Justicia y reparación
Aunque la audiencia se realizó de manera virtual, algunas integrantes de organizaciones de mujeres y familiares de otras víctimas de feminicidio llegaron hasta los exteriores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha desde muy temprano para mostrar su apoyo a la madre de Bernal, Elizabeth Otavalo.
Una de ellas fue Estefanía Díaz, cuya hermana fue víctima de feminicidio el pasado 4 de marzo. "Estoy aquí, plantándome, como siempre", señaló la mujer, también parte de la organización Madres Justicia.
Díaz criticó que la audiencia no se haya realizado de manera presencial, pese a que hay un reglamento que así lo señala para casos de violencia de género. "Tal vez no nos quieren escuchar aquí, pero igual nos estamos plantando por María Belén y por otras víctimas más", señaló.
Y pidió "verdad, justicia y reparación" para Bernal y su familia, especialmente para el hijo de la víctima y para su madre, quien es la que abandera la lucha desde hace tres años.
"Alguien tiene que sentar precedentes"
Otavalo, por su parte, dijo en una entrevista antes del inicio de la audiencia que estaba sorprendida por los catorce meses que se tomó el tribunal para anunciar su decisión y denunció que las familias de las víctimas de feminicidio en el país están "solas".
"Ya no es solo que hayan matado a mi hija, que es un dolor que desgarra el alma, es que después de eso hay un caminar donde no hay un proceso de contención ni de protección por parte del Estado", aseguró.
Otavalo también afirmó que esa falta de acompañamiento y de trabas que pone el sistema de justicia provocan que muchas madres o familiares de víctimas de feminicidio decidan renunciar y dejar atrás los procesos.
"Pero yo sigo por mi nieto, por mi familia, por las que vengan, por sus hijas, por las mujeres. Alguien tiene que dejar sentados precedentes. Nos matan todos los días y la administración de justicia lo único que ve ahí es un negociado. Ya es momento que alguien nos proteja", agregó.
Según las últimas cifras de la Fundación Aldea, organización de la sociedad civil que realiza un monitoreo de los feminicidios, una mujer o niña es asesinada cada 21 horas en el país. Hasta el pasado 15 de marzo se registraban 82 asesinatos machistas desde inicios de 2025.
