Justicia peruana rechaza recurso busca liberar y restituir a Pedro Castillo

Lima. – La Corte Superior de Justicia (CSJ) de Lima rechazó este lunes un recurso que buscaba la «inmediata libertad» del expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) y su restitución como mandatario del país por el supuesto atentado contra su libertad individual.

El recurso fue presentado por la Federación Nacional de Abogados del Perú a favor también del ex primer ministro de Castillo Aníbal Torres, pero fue declarado improcedente por la jueza Gisela Haydee Ocaña.

«Sexto Juzgado Constitucional de CSJ de Lima declaró improcedente hábeas corpus presentado a favor de Pedro Castillo y Aníbal Torres por supuesto atentado contra la libertad individual y motivaciones de resoluciones judiciales», informó el CSJ de Lima en Twitter.

El recurso también pretendía anular «todas las resoluciones judiciales, administrativas, legislativas y leyes que se opongan» a la condición de Castillo de presidente constitucional de Perú.

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En la resolución, Ocaña alegó que la Federación Nacional de Abogados propuso dicho hábeas corpus «irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales» y al «margen del respeto de los derechos fundamentales».

Castillo solicitó la semana pasada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordene al Estado peruano su «inmediata libertad» y restitución como mandatario del país.

El exmandatario, que venció en las elecciones presidenciales de 2021, cumple en la actualidad 18 meses de prisión preventiva, mientras el Ministerio Público lo investiga por la presunta comisión del delito de rebelión tras su fallido autogolpe del 7 de diciembre pasado.

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La corte

Aquel día, Castillo anunció en un mensaje a la nación que dictaba el cierre del Congreso, la instauración de un Ejecutivo de «emergencia nacional» que iba a gobernar por decreto y la reorganización el sistema de Justicia.

Su decisión, definida como golpista por la mayoría de la población peruana y Castillo quedó arrestado, poco después de dar el discurso, por su propia escolta cuando se dirigía a la Embajada de México en Lima, supuestamente, para solicitar asilo.

En simultáneo, el Congreso aprobaba su destitución por amplia mayoría.

En su lugar, asumió por sucesión constitucional su vicepresidenta Dina Boluarte, lo que motivó el estallido de protestas en diversos puntos del país para pedir la renuncia de la nueva mandataria, el cierre del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales en 2023.

Las protestas, que a la fecha dejan un saldo de 70 personas fallecidas y miles de heridos, se sintieron en todo el territorio nacional por dos meses, aunque se concentraron sobre todo en el sur del país, hoy reducto del descontento ciudadano.