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Santo Domingo.- El abogado Jean Cristofer Pérez Lebrón presentó una querella con constitución en actor civil por cien millones de pesos (RD$100,000,000.00), en nombre de las señoras Kiara Lirisset Lantigua Ventura y Luissana Rolisset Grullón Ventura, a raíz del fallecimiento de Lirisset Ventura Brito en el interior de la discoteca Jet Set.
La acción judicial, depositada ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, establece responsabilidades penales y civiles contra los propietarios del establecimiento (Antonio Espaillat López y Ana Grecia López), así como su empresa Inversiones E y L, S.R.L. También están incluidos en la querella el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y el Estado dominicano.
Según el jurista, los hechos constituyen un presunto homicidio involuntario por negligencia, tipificado en el artículo 319 del Código Penal. Sostiene que tanto el Estado como la alcaldía incumplieron con su deber de fiscalizar y garantizar condiciones mínimas de seguridad en lugares de alta concurrencia, lo que, a su juicio, propició el desenlace fatal.
“El Estado y la Alcaldía no cumplieron con su obligación constitucional de proteger la vida de los ciudadanos. Su omisión permitió que operara un establecimiento sin las condiciones adecuadas de seguridad”, afirmó Pérez.
La querella señala además violaciones al artículo 8 de la Constitución, en lo que respecta a la garantía del derecho a la vida y la seguridad personal, así como a la Ley 176-07, que obliga a los gobiernos locales a ejercer control sobre los espacios públicos y privados destinados a eventos masivos.
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En respaldo de sus alegatos, el abogado cita también los artículos 1382, 1383 y 1384 del Código Civil, que establecen la responsabilidad por daños ocasionados por cosas bajo custodia o supervisión de una persona o institución.
“La muerte de una persona en un espacio de recreación no puede quedar impune cuando se trata de una cadena de negligencias. Aquí hay responsabilidades compartidas que deben ser asumidas ante la justicia”, enfatizó Pérez.
Con esta acción, la parte querellante busca sentar un precedente legal frente a casos de muertes evitables en espacios públicos, exigiendo mayor responsabilidad institucional y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
