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Santo Domingo.– La suspensión por un año del ejercicio profesional de tres abogados de la firma León & Raful, dispuesta por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana (Colegio de Abogados de la República Dominicana) mediante la sentencia TDH-014-2026, es inconstitucional, fue dictada en desacato a decisiones judiciales firmes y carece de validez legal, denunciaron este domingo los propios afectados.
Los licenciados Mariel León Lebrón, Lilia Fernández León y Joel del Rosario Albuquerque, quienes representan a la señora María Amelia Hazoury Delgado en un proceso de partición de bienes derivado de su divorcio con Juan Rafael Llaneza Gil, señalaron que la sanción desconoce dos sentencias del Tribunal Superior Administrativo (Tribunal Superior Administrativo) que ordenaron dejar sin efecto los procedimientos disciplinarios en su contra.
Indicaron que las decisiones desacatadas corresponden a la sentencia 0030-03-2025-SSEN-00389, emitida el 5 de agosto de 2025 por la Segunda Sala del TSA, y la sentencia 0030-02-2026-SSEN-00003, dictada el 13 de enero de 2026 por la Primera Sala del mismo tribunal, ambas relacionadas con la presunta violación de derechos fundamentales.
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Los abogados explicaron que una de esas decisiones llegó a imponer al CARD un astreinte por el supuesto incumplimiento de órdenes judiciales vinculadas al archivo de los procesos disciplinarios.
Asimismo, sostienen que la sentencia disciplinaria fue sustentada en los artículos 73 al 77 del Decreto 12-90, que contiene el Código de Ética del CARD, disposiciones que aseguran fueron expulsadas del ordenamiento jurídico mediante la sentencia TC 100-2026 del Tribunal Constitucional (Sentencia TC 100-2026 del Tribunal Constitucional), lo que, a su juicio, anula cualquier validez del fallo.
Los profesionales del derecho también alegan que las acciones disciplinarias fueron impulsadas por Inmobiliaria Don Juan y Grupo Alugav, entidades vinculadas al conflicto de partición de bienes, y que el proceso habría sido utilizado como mecanismo de presión en el litigio.
Finalmente, los abogados informaron que interpusieron un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia contra la sentencia TDH-014-2026 y afirmaron que continuarán ejerciendo la defensa de su clienta “por todas las vías legales disponibles”.
