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Santo Domingo.- Amnistía Internacional (AI) expresó este martes su rechazo al nuevo Código Penal dominicano, promulgado recientemente y que mantiene la penalización total del aborto, incluso cuando se trata de embarazos producto de una violación o incesto, cuando ponga en riesgo la vida de la madre o cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida.
El presidente dominicano, Luis Abinader, promulgó el 3 de agosto el Código Penal tras ser aprobado por el Congreso Nacional tras años de debates, sin embargo, "los poderes legislativo y ejecutivo ignoraron buena parte de las demandas de la sociedad civil y de figuras públicas que exigían un mejor Código", señaló AI en un comunicado.
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Para Astrid Valencia, directora de investigación para las Américas de AI, al firmar el código el presidente dominicano "consolida un legado de violencia institucional e injusticia de género".
"La sociedad dominicana merece un Código que garantice derechos humanos, no uno que perpetúe la draconiana prohibición absoluta del aborto, poniendo en riesgo la vida, la salud y la dignidad de las mujeres y niñas", apuntó en un comunicado.
La República Dominicana es uno de los países con las cifras más altas de mortalidad materna en la región, y se estima que al menos el 10% de estas muertes están relacionadas con abortos inseguros, recordó el comunicado.
Las organizaciones locales de derechos humanos además denunciaron que esta ley penal tiene otras falencias que agudizan la discriminación y violencia contra las mujeres y niñas.
Entre ellas, AI citó la prescripción de la acción penal relativa a la violencia sexual contra mujeres adultas, una regresiva tipificación de la violencia sexual en el contexto de pareja, que no cumple con estándares internacionales, la tolerancia al castigo físico contra niñas y niños, y la omisión de sancionar la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
"No es casualidad que el aborto y la correcta tipificación y sanción de la violencia sexual sean parte de los pendientes de este Código Penal. Estas omisiones reflejan una visión profundamente patriarcal y machista que busca controlar los cuerpos, las decisiones y la vida de las mujeres", añadió, por su lado, Johanna Cilano Pelaez, investigadora del Caribe de Amnistía Internacional.
En su comunicado, la entidad urgió a las autoridades y al Congreso Nacional a enmendar el Código Penal antes de su entrada en vigor en 2026, garantizando que los derechos humanos, la igualdad de género y la protección de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ "sean ejes centrales de la legislación penal".
