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Santo Domingo.– La oficina legal del abogado Ángel Lockward informó que será exhumado el cuerpo de Ruth Elisa Seija Jerez, joven gerente bancaria fallecida en el trágico accidente del Jet Set ocurrido el 8 de abril, que dejó el saldo de 236 víctimas fatales y 180 heridos.
La exhumación se llevará a cabo en el cementerio Jardín Memorial, ubicado en la avenida Jacobo Majluta, con el objetivo de esclarecer la causa exacta del fallecimiento de Seija. Según explicó Lockward, el hospital certificó en un primer momento que la muerte fue por causas naturales, pese a que ocurrió en medio del colapso del techo del Jet Set.
La joven dejó un hijo en la orfandad, y sus familiares anunciaron que apelarán la medida de coerción impuesta a los dos imputados señalados como responsables del hecho. La decisión judicial ordenó una fianza de RD$50 millones a los imputados, Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, lo que fue calificado por los abogados como desproporcionado, dadas las circunstancias.
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Además de la apelación, los representantes legales informaron que presentarán una demanda contra el Estado dominicano y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, alegando que ambas entidades incurrieron en negligencia y responsabilidad institucional al permitir el funcionamiento del local en condiciones que presuntamente violaban normas de seguridad.
Lockward cuestionó la decisión de la jueza Kenia Veloz, a pesar de reconocer su trayectoria profesional. Consideró que la magistrada aplicó una medida “excesivamente laxa” al optar por una fianza contractual en lugar de prisión preventiva o arresto domiciliario, a pesar de la gravedad del caso.
También denunció que se permitió el manejo de bienes millonarios por parte de Inversiones E y L SRL, vinculada al caso, debido a que la jueza dictó una oposición al traspaso de bienes con una duración de apenas 60 días, la cual ya expiró. Según los abogados, también fue rechazada la solicitud de oposición a los bienes de la empresa propietaria del local colapsado.
Acuerdos con víctimas en tela de juicio
Los abogados Carlos Escalante y Nolberto Rondón, parte del equipo penal del caso, señalaron que los 57 acuerdos presentados por los imputados no representan una verdadera compensación a las víctimas. Según detallaron, solo cinco de estos acuerdos corresponden a familias de fallecidos, mientras que el resto estarían relacionados con prestaciones laborales o pagos menores que rondan los RD$200,000.
Los juristas también manifestaron preocupación por la supuesta cercanía entre la jueza del caso y socios del principal imputado, lo que, a su juicio, puede afectar la percepción pública sobre la imparcialidad del proceso judicial.
