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Santo Domingo.- A más de seis meses de haber prometido la publicación de 39 auditorías, la Contraloría General de la República sigue sin cumplir su palabra. En enero, el contralor Félix Santana García aseguró que estos informes ya estaban listos y que su divulgación marcaría un «impulso histórico a la transparencia». No obstante, desde septiembre de 2023 no se ha dado a conocer un solo nuevo informe.
De 206 auditorías realizadas entre 2023 y 2024, apenas dos han salido a la luz: una al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y otra a la Fuerza Aérea Dominicana. Ambas revelaron un patrón de irregularidades tan graves como alarmantes, lo que lleva a preguntarse qué contienen los documentos que aún no se han hecho públicos.
Muchas auditorías, poca transparencia
La propia Contraloría indica que 123 de esas auditorías fueron elaboradas por su Unidad Antifraude. De los 39 informes prometidos en enero, 33 están terminados pero sin publicar. Hay, además, 67 en proceso y otros 28 centrados en gobiernos municipales. A pesar del volumen, el efecto concreto ha sido mínimo: no se ha responsabilizado a nadie, no se han producido sanciones ni se han implementado reformas. La población sigue sin acceso a datos que deberían ser públicos, y la rendición de cuentas parece estancada.
La Cámara de Cuentas, bajo fuego
El organismo que debería complementar este proceso de fiscalización, la Cámara de Cuentas, atraviesa su propia tormenta. En lugar de ejercer como garante de la supervisión estatal, ahora es el foco de un escándalo que podría desembocar en un juicio político contra sus cinco miembros actuales: Janel Ramírez Sánchez, Elsa María Cataño, Tomasina Tolentino, Mario Arturo Fernández y Elsa María Peña Peña.
Una investigación realizada por una comisión especial de la Cámara de Diputados señala que los integrantes del pleno incurrieron en graves irregularidades. Entre ellas destacan la manipulación de informes, el uso indebido de fondos públicos y la realización de funciones sin tener la competencia legal para ello. El presidente del organismo, Janel Ramírez, habría archivado al menos diez auditorías con indicios penales sin someterlas al conocimiento del pleno.
Elsa Cataño aparece como responsable de firmar actas alteradas y liderar sesiones fuera de la legalidad. Tomasina Tolentino avaló nombramientos indebidos; Mario Fernández autorizó pagos sin respaldo, y Elsa Peña favoreció contrataciones sin seguir los procesos establecidos. Todo esto ocurrió en medio de enfrentamientos internos, filtraciones de audios comprometedores y la desaparición de documentos clave.
El informe de la Cámara de Diputados también revela que durante 2021 y 2022 la Cámara de Cuentas apenas ejecutó el 15 % de las auditorías programadas. Más grave aún: dejó sin usar más de 1 200 millones de pesos de su presupuesto, de los cuales 500 millones se mantuvieron en un certificado financiero, generando intereses mientras la institución no cumplía con su rol fiscalizador.
Lo poco que se ha revelado
Las únicas auditorías que han visto la luz han sido fundamentales en casos de corrupción como el de Coral 5G. El informe sobre el CESTUR evidenció múltiples anomalías: más de 20 personas cobraban sueldos sin trabajar, se realizaron pagos mensuales sin justificación al director de inteligencia y se entregaron millones en combustibles sin control. Además, contratos fueron adjudicados en violación a los requisitos legales y se identificó conflicto de intereses entre empleados y proveedores.
En la Fuerza Aérea, las irregularidades detectadas resultaron aún más inquietantes: 211 vehículos institucionales sin paradero, 54 aeronaves mal registradas, terrenos ocupados sin documentación y cuentas bancarias operando fuera del control del Tesoro. Se documentaron pagos por servicios sin respaldo por valor de decenas de millones de pesos, y empresas vinculadas entre sí se beneficiaron con licitaciones dudosas.
¿Y el resto?
Las dos auditorías publicadas apuntan a una estructura de manejo negligente y corrupto de los recursos públicos. Pero son apenas la punta del iceberg. Si lo poco que se ha conocido revela este nivel de desorden, es inevitable preguntarse qué más contienen los informes que no han sido divulgados. ¿A quiénes protegen? ¿Por qué no se actúa sobre las irregularidades ya documentadas? ¿Quién responde por la opacidad reinante?
Por ahora, la llamada «lucha contra la corrupción» parece estancada en promesas. Las auditorías están, pero ocultas. Las instituciones encargadas de fiscalizar están atrapadas en escándalos. Y la ciudadanía, que debería ser la principal beneficiaria de la transparencia, sigue esperando respuestas.
