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Santo Domingo.- A seis meses de la implementación y profundización de las medidas migratorias del Gobierno que encabeza Luis Abinader, el Colectivo Migración y Derechos Humanos de la República Dominicana presentó un balance que advierte sobre violaciones de derechos fundamentales, impactos económicos negativos y riesgos sanitarios para toda la población. La organización demanda regularización, formalización laboral y transparencia, y rechaza propuestas oficiales que limitarían la movilidad interna de personas migrantes.
“El país necesita una política migratoria humana, organizada y sostenible: regularizar, formalizar e integrar, no castigar y precarizar”, afirmó el Colectivo en su comunicado.
El balance recoge denuncias de detenciones arbitrarias, deportaciones colectivas y malos tratos, incluidas agresiones sexuales durante operativos. Se reportan obstáculos al debido proceso, falta de información y separaciones familiares con impactos diferenciados sobre mujeres, niñas y niños. El Colectivo señala a la Dirección General de Migración (DGM) por operativos opacos que incentivan circuitos de corrupción: cobros para evitar deportaciones, pagos para reingresar tras expulsiones y otras exacciones, en ocasiones con participación de agentes estatales. Estas prácticas erosionan la confianza pública y deterioran la imagen internacional del país.
En el plano político-institucional, la organización denuncia el uso discrecional del Consejo Económico y Social (CES), con cambios metodológicos y presunta capacidad de veto a actores no contemplados en su composición original. A juicio del Colectivo, estas maniobras distorsionan la representación y debilitan los canales legítimos de participación. Se exige reglas claras y previsibles, deliberación plural y rendición de cuentas en toda decisión migratoria y de seguridad fronteriza.
Golpe a la economía real
El sector construcción, altamente dependiente de mano de obra migrante, registró una caída interanual en la primera mitad del año, en contraste con 2024 cuando fue motor del crecimiento. El Ejecutivo reformuló el Presupuesto para elevar el gasto de capital; sin embargo, el Colectivo advierte que no bastará sin reglas que permitan contratar mano de obra regularizada y cortar la informalidad que asfixia productividad, seguridad social y encadenamientos (cemento, acero, transporte y servicios). La experiencia regional muestra que la formalización de trabajadores migrantes incrementa productividad, recaudación y estabilidad sectorial; sin vías de regularización funcionales, el país pierde competitividad.
Riesgos sanitarios y derechos reproductivos
El Colectivo alertó sobre el efecto disuasorio de protocolos aplicados en hospitales a población migrante, que han provocado caídas en la demanda de atenciones. Exponer a pacientes a la posibilidad de deportación tras recibir servicios vulnera el derecho a la salud y pone en riesgo la protección colectiva frente a enfermedades prevenibles. La situación es especialmente grave para la vacunación infantil y para mujeres embarazadas, parturientas y puérperas. Se exige acceso universal sin discriminación, coherente con metas oficiales de inmunización y estándares internacionales de derechos humanos.
Retroceso con rasgos neoesclavistas
En la última semana, la DGM informó que evalúa incluir en documentos de residencia la zona geográfica y el sector laboral donde personas extranjeras estarían autorizadas a trabajar y transitar, restringiendo su movilidad interna, una acción que viola el artículo 41 de la Constitución Dominicana. Para el Colectivo, atar el permiso de trabajo a un territorio y a un sector específico es un retroceso: reduce el poder de negociación, facilita abusos y represalias y promueve la retención de documentos. Además, desincentiva la movilidad laboral eficiente, clave para cubrir vacantes, y termina afectando productividad, salarios y aportes a la seguridad social. La organización pide archivar cualquier medida de este tipo y abrir un proceso de consulta pública.
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Cuellos de botella e impacto reputacional. El énfasis punitivo, los trámites restrictivos y las expulsiones masivas han creado cuellos de botella para empleadores, trabajadores y familias, ampliando informalidad y vulnerabilidad. Paralelamente, denuncias reiteradas de corrupción obligan al Estado a investigar, sancionar y transparentar el gasto de operativos con trazabilidad, control externo y auditoría social.
Cuatro medidas para corregir el rumbo
· Derechos y debido proceso: identificación, información y defensa efectiva; prohibición de deportaciones colectivas y perfilamiento racial; protección reforzada a niñas, niños y adolescentes; no aprehensión de gestantes y puérperas en servicios de salud.
· Regularización laboral y seguridad social: vías ágiles para contratación formal en construcción, agricultura y trabajo doméstico; desvincular el estatus laboral de un territorio o empleador; inspección laboral y canales de denuncia seguros.
· Acceso sanitario universal: revisión de protocolos; vacunación sin barreras para infancia y grupos de riesgo; coordinación con Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud.
· Transparencia y control: publicación de costos, criterios y evaluaciones; deliberación plural y sin vetos; registro migratorio interoperable con protección de datos y monitoreo independiente.
“Solo una política humana, organizada y sostenible hará posible una República Dominicana más justa y segura, donde todas las personas, tanto las migrantes como las dominicanas, vivan y trabajen con dignidad”, concluyó el Colectivo
