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Santo Domingo.– El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, consideró que el caso de presunto maltrato infantil ocurrido en la guardería Mi Segundo Hogar Little Steps, en Santo Domingo Este, debe servir como un llamado de atención para revisar los mecanismos de supervisión y fiscalización de los centros educativos destinados al cuidado de niños.
Ulloa expresó preocupación por la agresión a menores en este tipo de espacios y señaló que el proceso de permisos para la apertura de guarderías y centros educativos debe ser revisado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana en coordinación con otras instituciones del Estado, con el fin de garantizar no solo la autorización de funcionamiento, sino también la vigilancia constante de estos establecimientos.
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“El protocolo dentro de la institución no garantizaba lo que termina siendo la equidad desde el punto de vista del trato, pero también la parte física”, afirmó el funcionario al referirse al caso que salió a la luz tras la difusión de un video en el que una empleada del centro presuntamente agrede a una menor.
El defensor del pueblo señaló además que el hecho de que la denuncia haya surgido a partir de la grabación de un vecino evidencia debilidades en los mecanismos internos de control dentro de la institución.
Asimismo, Ulloa hizo un llamado al Ministerio de Educación a tomar esta situación como un ejemplo para fortalecer la supervisión de los centros de cuidado infantil.
“Los distritos escolares y las regionales del ministerio, junto a otros órganos del Estado, pueden realizar una fiscalización continua para garantizar la seguridad de los niños”, sostuvo.
En relación con los incidentes ocurridos durante la cobertura periodística frente al centro educativo, donde periodistas denunciaron que agentes policiales utilizaron gas lacrimógeno para dispersarlos, Ulloa consideró que el uso de la fuerza fue desproporcionado.
“Siempre hago un llamado a que se fortalezca la profesionalización de los agentes para el uso efectivo de la fuerza proporcional a la situación misma”, manifestó.
El defensor del pueblo también indicó que el Ministerio Público de la República Dominicana deberá determinar las responsabilidades correspondientes dentro del proceso judicial, incluyendo la eventual solicitud de medidas de coerción, al tiempo que planteó que los supervisores y propietarios de centros infantiles deben asumir una corresponsabilidad en la protección de los menores.
El caso ha generado gran indignación en la opinión pública y reavivó el debate sobre la regulación y vigilancia de guarderías y centros educativos en el país, así como la necesidad de reforzar las garantías para la protección de niños, niñas y adolescentes.
