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Santo Domingo.– Dirigentes de las principales organizaciones del transporte del país, la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO), y la Confederación Nacional de Transporte Moderno (COENTRAM) denunciaron este martes lo que califican como una “persecución judicial arbitraria” contra miembros de sus sindicatos, con el objetivo de beneficiar a operadores ilegales del transporte público.
El presidente de COENTRAM, Jairo Doñe, y el secretario general de Fenatrano, Jorge Luis Pérez, revelaron que el pasado viernes uno de sus afiliados fue detenido supuestamente sin orden judicial ni citación previa por parte de las autoridades, siendo trasladado directamente a la Fiscalía del Distrito Nacional.
Doñe afirmó que, al intentar obtener información en la Fiscalía de Los Ríos, fue advertido por un fiscal de que también existía una orden de arresto en su contra.
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“El procedimiento fue totalmente irregular. La ley establece que, ante cualquier denuncia, deben ser citadas ambas partes. Aquí se actuó de manera unilateral, solo por declaraciones de transportistas piratas que fueron desalojados de la avenida Núñez de Cáceres por el Intrant y la Policía Nacional”, declaró Doñe.
Los dirigentes señalaron directamente al fiscal de Los Ríos, a quien acusan de actuar fuera de su jurisdicción y de seguir alegadamente instrucciones políticas del senador y dirigente transportista Antonio Marte.
Según denunciaron, Marte estaría utilizando supuestamente su posición para presionar a las autoridades judiciales a fin de emitir órdenes de arresto contra dirigentes del transporte legal, mientras promueve el funcionamiento de rutas irregulares.
“Hoy estamos gastando más de 200 mil pesos para sacar a un compañero que fue apresado sin justificación. No lo vamos a permitir”, aseguró Doñe.
Asimismo, acusaron al senador de liderar una estrategia para debilitar a los sindicatos establecidos, mediante acciones judiciales intimidatorias.
“Esto no es justicia, es una persecución con fines políticos y económicos”, indicaron.
Los transportistas hicieron un llamado a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para que investigue la actuación del fiscal involucrado y frene lo que calificaron como una práctica abusiva e ilegal. “Nadie está por encima de la ley, y un fiscal no puede actuar por presión de un senador ni violar el debido proceso”, expresaron.
Finalmente, los sindicatos reiteraron su compromiso con el transporte organizado, legal y transparente, y afirmaron que darán la cara ante cualquier denuncia, pero exigen que se respeten sus derechos y se les trate con justicia.
