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Santo Domingo. – Durante casi ocho décadas, el Palacio Nacional operó como sede de la Presidencia sin estar formalmente registrado a nombre del Estado dominicano. La edificación, inaugurada en 1947 bajo el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, se levantó sobre terrenos que nunca habían sido saneados ni deslindados.
Fue apenas el 18 de julio de 2022 cuando se emitieron los títulos de propiedad a favor del Estado, mediante gestiones de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), regularizando también el edificio de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).
Pero el caso del Palacio Nacional es solo uno entre cientos. Según la Dirección General de Bienes Nacionales, más del 90 % del patrimonio estatal sigue sin registrar legalmente. La lista incluye escuelas, hospitales, parques, bases militares, terrenos del CEA y hasta aeropuertos.
Propiedades públicas en tierra de nadie
El abogado Ángel Lockward advierte que, aunque algunas áreas del Palacio Nacional ya estaban tituladas, otras seguían en estado de indivisión o bajo nombre de particulares.
“Según un estudio que hice hace cuatro años, el Palacio Nacional cae en varias parcelas. Había un pedazo que estaba para sanearse, había otro que era titulado a particulares que tenían su título”, manifestó Ángel Lockward.
El proceso de titulación estatal requiere dos pasos esenciales, el deslinde, que separa jurídicamente una parcela del resto, y el saneamiento, que verifica que no existan conflictos legales ni superposición con otras propiedades.
El Jardín Botánico: parque nacional sin formalizar
El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso fue creado en 1976 sobre terrenos expropiados a particulares. Aunque el uso es público y constante, el Estado no completó nunca el proceso legal de adquisición.
En 2019, el Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Hacienda pagar a los herederos de José Velázquez Fernández por la expropiación pendiente. Sin embargo, no hay evidencia pública de que los terrenos estén formalmente registrados a nombre del Estado.
“El Mocoso Puello fue ocupado por vía de hecho… vía de hecho es cuando el Estado lo ocupa y no dicta un decreto… Danilo Medina pagó 500 millones… la sentencia es de 2,500 millones… Luis Abinader también pagó parte a solicitud de un amigo español”, agregó.
Las Américas: títulos legítimos, pagos pendientes
El Aeropuerto Internacional de Las Américas fue construido en los años 50, declarado de utilidad pública. Sin embargo, muchas familias con títulos legítimos nunca fueron compensadas por los terrenos ocupados.
“Las Américas tienen varias parcelas… la 613 no es la única. Hay otras parcelas de otros propietarios. En la 613 estaban los Peñas Valles, que eran ricos y les pagaron, como era normal, sin deslindarse. Cada quien tenía su porción. Los Reyes, los descendientes —que ya muchos no llevan esos apellidos, ya otros llevan otros apellidos, Castros, Moscoso— siempre han tenido sus títulos. Solo que el Estado no les pagó, todas las porciones de RD o casi todas eran indivisas y todavía el 80 por ciento lo sigue siendo. Entonces, esas personas pobres que estaban ahí, el Estado los sacó y nunca les pagó, pero tenían sus títulos. Los descendientes han ido reivindicando su derecho y obteniendo sentencias que ordenan sus derechos” sostiene el jurista.
Una sentencia que no evitó la pobreza
Uno de los casos más dramáticos es el de Eladia Ozuna Reyes, heredera de terrenos donde hoy opera parte del aeropuerto. A pesar de tener un certificado de título y ganar una sentencia favorable en 2021, murió en la pobreza extrema en 2024, sin recibir los 85 millones de pesos que el Estado le debía.
“Murió en la pobreza extrema, sin dinero para pagar la medicina. Estaba en el hospital, en la USAD, rogándole al presidente Abinader que pagaran 85 millones de su propiedad. Ella tenía su certificado de título y murió pidiendo que le pagaran su medicina. Murió porque no tenía el dinero ni para comer ni para poder comprar su medicina. Fue un crimen, un acto inhumano del gobierno”, puntualizo.
Lockward señala que aunque el Estado inició pagos durante la gestión de Danilo Medina, luego se alegaron irregularidades por sobornos, y la transacción quedó inconclusa. “El Estado, Danilo, empezó pagando la parcela 613, que luego dijeron que los pagos eran irregulares por sobornos y tal… y el Estado, cuando complete los pagos que faltan —que es el 20 por ciento— pasará a ser dueño, pero hasta que no termine de pagar, no será dueño.”
Más del 90 % del patrimonio estatal, sin registrar
Según Bienes Nacionales, la mayoría del patrimonio público continúa fuera del Registro de Títulos. En muchos casos, las propiedades tienen títulos, pero están en estado de indivisión o sin deslinde.
“Hay muchos terrenos titulados. Lo que hay es todavía muchos terrenos indivisos titulados, pero sin deslinde. Pero la carta que da crédito de la propiedad… no hay diferencias por el hecho de que el título tiene la demarcación precisa de manera catastral. Antes eran carta constancia y ahora son matrículas. Antes eran cantidades precisas absolutas, y ahora es porcentaje” dijo Lockward.
Una deuda institucional de más de cinco décadas
El caso del Palacio Nacional, el Jardín Botánico y el Aeropuerto Las Américas son apenas la punta del iceberg. El problema es estructural, el Estado dominicano ha ocupado inmuebles sin completar procesos de expropiación, titulación ni registro formal. “Es una irresponsabilidad del Estado. No de este, de todos los que el Estado ha tenido en las últimas cinco décadas.”
Aunque en los últimos años se han entregado títulos emblemáticos y se ha creado una comisión mediante el Decreto 307-21 para auditar y sanear propiedades públicas, el atraso sigue siendo profundo.
Mientras tanto, los bienes públicos continúan vulnerables: sin papeles, sin protección jurídica y al margen de la legalidad que el propio Estado exige a los ciudadanos.
