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Santo Domingo. - Un tribunal impuso este lunes una garantía económica de 1.5 millones de pesos, a través de una compañía aseguradora, a Aquiles Jiménez, por una querella que le interpuso la periodista Alicia Ortega y su esposo Fernando Hasbún por difamación e injuria.
Otras acusaciones
Se recuerda, que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso presentación periódica, como medida de coerción, contra el imputado Aquiles Jiménez Fernández, arrestado en flagrante delito mientras portaba de forma ilegal un chaleco antibalas de uso militar.
El juez Rigoberto Sena dispuso que Jiménez Fernández se presente los días 30 de cada mes ante el Ministerio Público.
De acuerdo con la instancia presentada por el fiscal José Martínez, adscrito al Departamento de Criminalidad y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional, el arresto del imputado se produjo el pasado 22 de julio, alrededor de las 7:00 de la noche, en la avenida Federico Geraldino, próximo a la calle Porfirio Herrera, del sector Piantini.
En ese lugar, agentes de la Policía Nacional observaron un vehículo BMW, modelo 430 Xl, color negro, de dos puertas, con placa oficial OC046001, el cual circulaba de forma sospechosa. Al detenerlo e intentar depurar la placa en el sistema policial, esta no arrojó resultados, por lo que procedieron a realizar una inspección más detallada.
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El conductor se identificó como Aquiles Jiménez Fernández y alegó que el vehículo había sido importado desde Miami, Florida, por la empresa Dulce Auto Import Export, sin mostrar documentación que acreditara su propiedad o legal circulación.
En momentos en que se registraba el vehículo, los agentes ocuparon en el asiento trasero un chaleco antibalas de color negro, marca Point Blank, con número de serie HL6M080MFT.VKA.48.R y código de barra 12519278, sin ningún tipo de documentación. En el mismo registro fue hallado un carnet de una agencia de inteligencia auxiliar del Ministerio de Defensa, vencido desde mayo de 2024, junto a otros objetos personales.
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El Ministerio Público calificó jurídicamente los hechos como porte ilegal de pertrechos militares, en violación del artículo 70 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, el cual establece sanciones para quienes porten, posean, transporten o almacenen pertrechos militares o materiales restringidos sin autorización, con penas de hasta 20 años de prisión y multa de 100 a 200 salarios mínimos del sector público.
