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Santo Domingo. – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional entró esta semana en la recta final del juicio de fondo contra el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), y otros imputados en el caso conocido como Operación Coral y Coral 5G. Se les acusa de integrar una presunta red que habría desfalcado al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos entre 2012 y 2020.
Según el Ministerio Público, la red —compuesta por unas 30 personas físicas y 18 jurídicas— operó principalmente desviando fondos del Cusep, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), mediante mecanismos como el abultamiento de nóminas ficticias y otras irregularidades administrativas. Los fiscales sostienen que los imputados no pudieron justificar el origen de sus bienes, evidenciando un “enriquecimiento irrazonable”.
Peticiones del Ministerio Público
El órgano acusador solicitó penas de hasta 20 años de prisión y multas equivalentes a 400 salarios mínimos para los principales acusados, entre ellos:
• Adán Cáceres Silvestre (principal imputado y supuesto cabecilla).
• Juan Carlos Torres Robiou (exdirector del Cestur).
• Rafael Núñez de Aza.
• Julio Camilo De los Santos Viola.
Además, se pide el decomiso de bienes y una indemnización al Estado por los daños causados, que superarían los RD$20,000 millones en algunos cálculos presentados.
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Posición de la defensa
La defensa de Cáceres, encabezada por abogados como Romel Jiménez y otros, ha argumentado que el Ministerio Público no logró probar la existencia del entramado ni la responsabilidad penal de su defendido. Rechazan la vinculación directa con transferencias o hechos concretos, cuestionan la solidez de los testimonios y solicitan la absolución total, el levantamiento de medidas de coerción y la devolución de bienes secuestrados. Han destacado la ausencia de trazabilidad bancaria directa que involucre a Cáceres en los desvíos.
El proceso ha enfrentado múltiples aplazamientos por razones de salud de algunos imputados, complejidad del caso y recursos presentados por las partes. En febrero de 2026, la Corte de Apelación rechazó un intento de los acusados de extinguir la acción penal por presunto vencimiento de plazos.
