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Santo Domingo.– El Caso Calamar se ha convertido en uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa más voluminosos y complejos de la historia reciente de República Dominicana. La investigación del Ministerio Público sostiene que una estructura integrada por exfuncionarios, particulares y empresas habría defraudado al Estado con más de RD$19 mil millones mediante diversas maniobras ilícitas.
Según la acusación, los imputados formaban parte de una red que utilizó pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública para desviar recursos estatales. Asimismo, el órgano acusador asegura que parte de esos fondos fueron utilizados para el financiamiento de actividades políticas relacionadas con la campaña electoral de 2020.
La investigación también señala la existencia de un esquema mediante el cual se sustraían recursos destinados al pago de compromisos económicos de diferentes instituciones gubernamentales. Además, el expediente describe un sistema de sobornos vinculado a operaciones de juegos de azar, una actividad cuya regulación corresponde al Ministerio de Hacienda.
Por estos hechos, el Ministerio Público presentó acusación contra varias personas físicas y jurídicas, atribuyéndoles delitos como asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campañas políticas y lavado de activos.
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Para sustentar sus señalamientos, el órgano persecutor afirmó haber reunido más de 1,278 medios de prueba, entre documentos, peritajes, testimonios y evidencias financieras.
La denominada Operación Calamar fue ejecutada el 18 de marzo de 2023 mediante un amplio despliegue coordinado por el Ministerio Público. Durante la intervención se realizaron 40 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana.
En el operativo participaron alrededor de 40 fiscales, decenas de técnicos especializados en investigación, más de 300 agentes de la Policía Nacional y personal de apoyo administrativo.
Recientemente, el proceso volvió a ocupar la atención pública luego de que el Cuarto Tribunal de la Instrucción del Distrito Nacional emitiera una decisión favorable a varios de los acusados. No obstante, el caso continúa siendo objeto de debate jurídico y político debido a la magnitud de las acusaciones y al impacto que ha tenido en la discusión nacional sobre transparencia, corrupción y rendición de cuentas.
