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Santo Domingo.– El comunicador Ángel Martínez fue trasladado este lunes de la “Carcelita” a la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, donde se conoce un recurso de amparo interpuesto por su defensa, que denuncia un presunto retardo en la notificación de una resolución judicial. Según el abogado Carlos Mesa, esta demora constituye una violación al debido proceso.
El caso se enmarca en el conflicto legal que enfrenta Martínez, quien permanece recluido en el Centro de Privación de Libertad Provisional (Caplip), tras haber sido arrestado por orden del juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. La detención fue dispuesta el pasado jueves luego de que Martínez supuestamente profiriera expresiones ofensivas durante una audiencia en la que se conocía una solicitud de medida de coerción por una acusación de difamación e injuria en perjuicio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
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Además del amparo, la defensa del comunicador presentó un recurso de habeas corpus, alegando que su detención es ilegal. Este segundo recurso será conocido en la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional.
En huelga de hambre
En paralelo a las acciones legales, Ángel Martínez, de 71 años, se declaró en huelga de hambre como forma de protesta. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que, pese a su negativa a ingerir alimentos, se le sigue suministrando la medicación correspondiente para tratar su hipertensión arterial y diabetes.
Según el parte médico del doctor Joaquín Sardiñas, emitido la mañana del domingo, el comunicador presenta signos de debilidad y una deshidratación leve a moderada, pero permanece consciente y orientado.
Por su parte, la encargada nacional de Salud de la DGSPC, doctora Gaurys Sisa, indicó que se ha ofrecido plena disposición para que el médico personal de Martínez lo evalúe, si así lo considera necesario su abogado.
El caso sigue generando atención mediática y debate jurídico, en medio de cuestionamientos sobre el uso de la prisión preventiva en casos vinculados a libertad de expresión y presuntas faltas al decoro judicial.
