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MP exige garantía económica de RD$50 millones a imputadas por muerte de Stephora en Santiago

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Santiago.- El Ministerio Público solicitó este domingo la imposición de estrictas medidas de coerción contra cuatro directivas del Colegio Leonardo Da Vinci, incluyendo una garantía económica de RD$50 millones para cada imputada, por su presunta responsabilidad en la muerte por ahogamiento de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, durante una excursión escolar el pasado 14 de noviembre en Santiago.

La solicitud, depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, también contempla impedimento de salida, presentación periódica y colocación de localizadores electrónicos, debido al riesgo procesal y a la gravedad de los hechos, según expuso el órgano de persecución penal.

Las directivas imputadas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. El Ministerio Público las señala como responsables directas de garantizar la seguridad y supervisión de los estudiantes durante la actividad.

A las acusadas se les atribuye homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal, así como abandono y maltrato de menores, sustentado en el artículo 351-2 del mismo código y el artículo 14 de la Ley 136-03.

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La investigación indica que las directivas movilizaron 87 estudiantes con solo tres cuidadoras, sin salvavidas ni protocolos de seguridad, y sin confirmar si los menores sabían nadar, pese a que la actividad se realizó en piscinas de la hacienda Los Caballos, en Gurabo. La Fiscalía dice contar con un video que demuestra una “negligencia extrema”.

El expediente es dirigido por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, bajo instrucciones de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.

Como parte de la acción penal, el Ministerio Público solicitó al Ministerio de Educación una inspección integral del centro educativo para garantizar el cumplimiento del principio del interés superior del niño y evitar que hechos similares se repitan.

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