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Santo Domingo. El Estado dominicano enfrenta cada año una carga financiera que, aunque muchas veces pasa desapercibida, tiene un impacto directo en las finanzas públicas: el pago de sentencias judiciales.
Millones de pesos se destinan para cumplir con demandas por justiprecio, expropiaciones, daños y perjuicios, entre otras. Estos pagos, a menudo demorados, han generado una creciente presión sobre los recursos del gobierno.
A lo largo de los años, varios casos de pagos millonarios han evidenciado la ineficiencia en la ejecución de las sentencias judiciales. Entre los más notorios destacan los pagos a Carlos Ramón Salcedo Camacho, quien recibió 141 millones de pesos en 2013 por una deuda del Instituto Agrario Dominicano, y a la Comercializadora del Este, que en 2014 obtuvo 22 millones de pesos como primer abono a una sentencia de 2008. Estos son solo algunos ejemplos de cómo el Estado, año tras año, se ve obligado a desembolsar grandes sumas de dinero debido a fallos judiciales pendientes de ejecución.
Uno de los problemas más graves asociados a estas demandas es el fenómeno de los “astreintes”, sanciones económicas que las instituciones deben pagar cuando no cumplen con las sentencias dentro del plazo establecido.
En 2018, por ejemplo, Blaurio Alcántara recibió 17 millones de pesos luego de que el Consejo Estatal del Azúcar ignorara una sentencia durante cinco años. En 2022, la Procuraduría General de la República pagó 85 mil pesos por el mismo concepto, tras un retraso en el cumplimiento de una sentencia de 2017.
El incumplimiento de las sentencias no solo pone en evidencia la falta de eficiencia administrativa, sino que también está vinculado a la falta de voluntad política.
Expertos como la abogada Yulibelys Wandelpool han señalado que las instituciones públicas no cuentan con los mecanismos necesarios para ejecutar los pagos de manera eficiente y oportuna, lo que agrava la situación.
A esta problemática se suma el impacto de la Operación Calamar, que destapó una supuesta red de corrupción presuntamente vinculada a las indemnizaciones por expropiación.
Varios de los pagos millonarios realizados en los últimos años están relacionados con este escándalo, como los 1,030 millones de pesos entregados en 2020 a Marcial Reyes y asociados. Estos casos demuestran cómo la falta de control en los pagos judiciales puede generar situaciones de enriquecimiento ilícito, exacerbando la crisis financiera del Estado.
En 2020, el Estado dominicano alcanzó un pico histórico de pagos, con más de 6,200 millones de pesos destinados a sentencias judiciales, principalmente por justiprecio y expropiaciones. Sin embargo, muchos de estos pagos estuvieron marcados por una notable demora en su ejecución. En algunos casos, como el de la Factoría de Arroz Félix Vásquez, la sentencia data de 2012, pero el pago solo se hizo efectivo en 2020. En casos aún más extremos, como el de los sucesores de Anita Frías, los afectados tuvieron que esperar más de dos décadas para recibir el pago correspondiente.
La acumulación de estas deudas judiciales y la ineficiencia en el cumplimiento de las sentencias plantean serias interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos y la capacidad del Estado para garantizar la justicia de manera eficiente. La abogada Wandelpool destaca que “es urgente establecer procedimientos que prioricen las sentencias más antiguas y aquellas de mayor importancia para el país”.
La deuda judicial sigue aumentando, lo que genera una carga financiera insostenible para el Estado. Para evitar una crisis fiscal, es crucial que se implementen reformas en el sistema de ejecución de sentencias y que las instituciones del gobierno fortalezcan sus capacidades para cumplir con sus obligaciones judiciales de manera eficiente.
Por: Angie Mateo
