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Santo Domingo.- El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC), Mario Díaz, aseguró este lunes que los problemas de tránsito y los permanentes entaponamientos vehiculares en las principales vías del país podrían estar resueltos si los pasados gobiernos no hubieran desviado los fondos recaudados mediante la Ley 253-12. Estos recursos, destinados a la renovación del parque vehicular y el mantenimiento de la red vial, fueron utilizados para otros fines desde 2012, hasta finales del gobierno de Medina, afirmó.
Durante su participación en el programa De Último Minuto: Hablemos del Tránsito, Díaz reiteró que más de 17 mil millones de pesos recaudados en el gobierno de Danilo Medina (2012-2020) a través del impuesto a las gasolinas y gasoil premium fueron desviados y transferidos a otros usos. “La culpa de que nuestro sistema de transporte de pasajeros en carros, minibuses y autobuses se encuentre hoy casi en estado de colapso es de quienes desaparecieron estos fondos, logrados como la conquista más grande del sector transporte en la República Dominicana”, señaló.
El dirigente sindical informó que, a través de los abogados Fredermido Ferreras Díaz y Carlos Mesa, FENATTRANSC sometió en su momento al expresidente Danilo Medina y a los exfuncionarios Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta, entre otros, por presuntas irregularidades y manejos dolosos de estos recursos. Sin embargo, criticó que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) no ha dado respuesta a este sometimiento a pesar de la gravedad de las acusaciones y las pruebas aportadas por el sector transporte.
“Caiga quien caiga, vamos a retomar esta denuncia y darle curso a las vías legales que nos otorga la ley. Hay que poner un ejemplo para que en el futuro nadie vuelva a malversar el dinero del sector transporte y del pueblo, sin importar el gobierno de turno”, enfatizó Díaz.
Asimismo, recordó que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y al Ministerio de Hacienda cumplir con la aplicación correcta de estos fondos según lo establecido por la Ley 253-12.
Díaz destacó que si estos recursos hubieran sido utilizados adecuadamente, se habrían retirado de circulación las chatarras y vehículos con más de 10 y 20 años de uso, contribuyendo a la reducción de los tapones y a la mejora de las condiciones del tránsito. “Es evidente que, de haberse aplicado la ley, hoy no estaríamos enfrentando el caos actual”, concluyó.
Nuestra Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos y todos los sectores afines, vamos a velar para que la justicia garantice el uso transparente y correcto de los recursos destinados al desarrollo del sector transporte, y aseguramos que esta lucha no se detendrá hasta obtener justicia.
