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Santo Domingo.- El Ministerio Público presentó un expediente de más de 537 páginas en el que detalla paso por paso, cómo se habría ejecutado un desfalco multimillonario dentro del Seguro Nacional de Salud (SENASA) entre 2020 y 2025.
De acuerdo con la investigación, la estructura habría sido orquestada por el entonces director ejecutivo, Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a un entramado de funcionarios, asesores, empresarias y suplidores vinculados.
El expediente revela un patrón continuo de sobornos del 30%, adjudicaciones ilegales, la creación de comités sin sustento jurídico, contratos inflados, empresas sin habilitación y pagos masivos por servicios que la población nunca recibió, incluyendo telemedicina, nutrición, atención primaria y programas subsidiados “fantasma”.
Según la fiscalía, así se fue construyendo el esquema:
El Ministerio Público afirma que, desde antes de agosto de 2020, Hazim Albainy ya habría establecido acuerdos económicos y compromisos con empresarios que posteriormente se convertirían en suplidores privilegiados de SENASA.
Entre junio y agosto de ese año, antes de asumir oficialmente, ya se documentaban movimientos irregulares, como la adquisición de un vehículo Lincoln Navigator financiado por el empresario José Pablo Ortiz Giráldez, uno de los principales operadores del esquema. La compra, según la fiscalía, fue encubierta a través de terceros, incluyendo la cuenta bancaria de la esposa de Ortiz.
Ese mismo mes, inició contacto formal con Cinty Acosta Sención, quien le presentó proyectos que luego derivarían en contratos millonarios para la empresa Nutrimed. El Ministerio Público sostiene que la relación se habría cimentado sobre futuros beneficios económicos.
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Al asumir en agosto de 2020 Hazim Albainy habría movido rápidamente para asegurar control absoluto sobre los procesos internos. Según el expediente, creó de manera arbitraria el Comité de Contrataciones Médicas, integrado por colaboradores cercanos, entre ellos Francisco Iván Minaya, Germán Robles Quiñones, Roberto Canaán, Carmen José Velázquez y Gustavo Guilamo.
La fiscalía indica que este comité no tenía sustento legal ni respaldo normativo, y fue utilizado para aprobar contratos “a dedo”, sin evaluaciones técnicas ni criterios de elegibilidad.
El caso Nutrimed: acciones, contratos y sobornos
En septiembre de 2020, Cinty Acosta Sención adquirió el 50% de las acciones de Nutrimed, a través del cual se crearon acuerdos accionariales que estuvieron directamente relacionado con su acceso privilegiado a programas dentro de SENASA.
Tras la firma del contrato, habría comenzado un esquema de sobornos del 30% del monto de los pagos mensuales. En febrero de 2021, al rescindirse el contrato original, José Pablo Ortiz Giráldez exigió por órdenes de Hazim Albainy que Acosta pagara el 30% del monto bruto para mantener el programa.
El expediente señala que la estructura habría recibido RD$1,165 millones solo desde Nutrimed en forma de coimas.
El caso KHERSUM: pagos exorbitantes por servicios no prestados
Uno de los capítulos más voluminosos del expediente corresponde a la empresa KHERSUM S.R.L., señalada como el principal vehículo de extracción de fondos públicos.
En octubre de 2020, apenas un mes después de la designación del imputado, se firmó un addendum que elevó los pagos mensuales a la empresa a RD$5 millones, un aumento que el Ministerio Público calificó de “injustificado e irracional”, pues multiplicó la asignación original por más de 16 veces.
Semanas después, otro addendum incorporó el Régimen Subsidiado, llevando los pagos a RD$65 millones mensuales por una supuesta cobertura de 500,000 afiliados. La auditoría forense revela que:
- No había listado de beneficiarios
- No existían reportes de uso
- No se registraban llamadas de telemedicina
- No existían expedientes clínicos
- No había evidencia técnica que justificara el pago
El informe concluye que las atenciones nunca se brindaron, que la plataforma no existía o no funcionaba y que SENASA pagó sistemáticamente servicios “fantasma”.
Luego, entre noviembre 2020 y agosto 2022, KHERSUM transfirió RD$512 millones en sobornos a empresas de carpeta vinculadas a José Pablo Ortiz Giráldez, respaldadas con facturas falsas.
En una segunda etapa, entre septiembre 2022 y agosto 2025, el empresario Eduardo Read Estrella, dueño del Grupo Read y socio de KHERSUM, entregó más de RD$1,109 millones en efectivo, para evitar trazabilidad.
Servicios de salud de telemedicina fantasma
La auditoría médica forense encontró que solo el 4.2% de los afiliados reportados por KHERSUM recibieron algún servicio.
En la modalidad de telemedicina, que SENASA promocionó como “innovadora”, el Ministerio Público concluyó que se pagaron RD$5 millones mensuales por supuestas consultas, facturaban servicios sin evidencia, no existían registros de plataforma, usuarios ni tiempos de conexión, se reportaban atenciones simultáneas imposibles.
La población nunca recibió los servicios por los que el Estado pagó más de RD$1,800 millones.
El expediente detalla tres contratos irregulares: Flavorheart, DELESTE y FARMACARD
Flavorheart Food Parts S.R.L. contratada de 2021 a 2022: contratada para el programa Nutrisalud sin contar con habilitación sanitaria. Recibió RD$1,606 millones. Además, sus cuentas fueron utilizadas para triangular USD$83,000 para comprar un reloj Rolex destinado a Hazim Albainy.
DELESTE S.R.L. con un contrato vigente desde 2022: contratada por capitación a RD$130 por afiliado. 17 de sus 21 centros coincidían con KHERSUM, lo que permitió cobrar dos veces por los mismos afiliados. El Ministerio Público lo califica como un esquema de pagos duplicados.
FARMACARD S.R.L.: contratada de forma directa en 2025, violando la Ley 340-06, realizó pagos por capitación de RD$168.85 por afiliado. Según el expediente, documenta irregularidades desde el proceso de habilitación hasta la ejecución.
Entre 2022 y 2025, el director financiero Gustavo Enrique Messina Cruz habría manipulado sistemáticamente el bordereau, ocultando más de RD$14,340 millones en deudas asociadas a reservas técnicas.
El Ministerio Público sostiene que esta adulteración permitió ocultar el déficit real, los pagos fraudulentos y la extracción de fondos por sobornos.
El Ministerio Público indica que el entramado operó sin interrupciones hasta agosto de 2025, cuando Hazim Albainy dejó la dirección de SENASA y estima que el desfalco total, incluyendo sobornos y pagos irregulares, supera los RD$10 mil millones, en sobornos pagados a la estructura suman RD$2,786 millones, los servicios pagados pero no prestados (telemedicina, nutrición, subsidios) superan los RD$3,000 millones, el ocultamiento contable representa más de RD$14 mil millones adicionales
El expediente del Ministerio Público sostiene que el caso SENASA constituye un ejemplo de cómo el uso combinado de contrataciones amañadas, empresas fachada que emitían facturas ficticias, pagos sin evidencia y manipulación de registros financieros, lavado de activos que permitió que fondos destinados a la salud pública fueran desviados sistemáticamente durante años.
