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Santo Domingo. – Más de 300 contratistas y proveedores del Estado dominicano solicitaron al presidente Luis Abinader la creación de una mesa de resolución de deudas históricas, con el objetivo de buscar una salida a compromisos económicos pendientes que, según denuncian, superan los RD$500 millones y en algunos casos datan desde 1998.
La petición fue presentada por abogados de la firma Ricardo & Morrobel Consultores Legales, quienes afirmaron representar a ingenieros, arquitectos, contratistas y proveedores que realizaron obras o servicios para el Estado, pero que aún no han recibido los pagos correspondientes.
Durante un encuentro con la prensa, Erick Morrobel y Luis Ricardo señalaron que la situación ha generado graves consecuencias económicas y sociales para decenas de familias, debido al prolongado retraso en el cumplimiento de estas obligaciones.
“Detrás de estos expedientes hay vidas humanas. Son profesionales que entregaron su patrimonio, tomaron préstamos y cumplieron con su parte del contrato construyendo infraestructura para el país”, indicaron.
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Según explicaron, el impago prolongado por más de dos décadas ha provocado ruina económica, problemas de salud derivados del estrés financiero y la salida de muchos profesionales del sistema productivo por falta de liquidez.
Los abogados también cuestionaron decisiones del Tribunal Superior Administrativo (TSA), al señalar que en múltiples ocasiones ha declarado inadmisibles recursos contencioso-administrativos relacionados con el cobro de deudas contra el Estado.
A su juicio, esta práctica ha generado retrasos significativos en los procesos judiciales, debido a que los casos suelen ser llevados en casación ante la Suprema Corte de Justicia, lo que prolonga los litigios durante años.
Asimismo, denunciaron lo que calificaron como un “laberinto burocrático” dentro del Ministerio de Hacienda, donde —según afirman— los procesos administrativos para el reconocimiento y pago de estas deudas se han convertido en una barrera que retrasa el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
Otro aspecto señalado fue la situación generada con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), ya que muchos contratistas no pueden cumplir con sus compromisos fiscales porque no han recibido los pagos por los trabajos realizados para el Estado.
“Se produce un círculo vicioso donde el Estado es, al mismo tiempo, deudor moroso y juez ejecutor”, sostuvieron.
Ante este escenario, los representantes de los contratistas hicieron un llamado al presidente Abinader y a las autoridades financieras para establecer una mesa de diálogo que permita identificar, verificar y resolver estas deudas acumuladas.
“No pedimos dádivas; exigimos el cumplimiento de contratos válidamente suscritos”, señalaron.
Finalmente, advirtieron que la situación podría afectar la seguridad jurídica del país si no se busca una solución, al considerar que nadie querrá contratar con el Estado si las obligaciones asumidas no se honran.
