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SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público aseguró este miércoles que las defensas de los imputados en el caso de corrupción encabezado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez continúan aplicando tácticas dilatorias para obstaculizar el avance del proceso judicial.
Durante la audiencia del 12 de noviembre de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó el juicio para el 14 de enero de 2026, luego de que varios abogados alegaran que sus firmas entrarían en vacaciones colectivas durante las festividades de diciembre y principios de enero.
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Además, se presentó una licencia médica del abogado Enrique Vallejo Garib, defensor de Jhonatan Loander Medina Reyes, válida hasta el 11 de diciembre, lo que fue tomado en cuenta por el tribunal integrado por las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo.
El fiscal Enmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución, informó que el Ministerio Público había solicitado separar al acusado Medina Reyes para evitar más retrasos, pero la petición fue rechazada. Ramírez reiteró que el órgano acusador está listo para continuar con el juicio y que las maniobras de las defensas buscan evadir la justicia.
El equipo del Ministerio Público estuvo compuesto además por los fiscales Miguel Collado, Melvin Romero y Aurelio Valdez, este último de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El expediente judicial señala que los procesados malversaron más de RD$6,000 millones a través de maniobras fraudulentas en la Procuraduría General de la República durante la gestión de Rodríguez (2016–2020).
Entre los imputados figuran, además de Jean Alain Rodríguez y Jhonatan Loander Medina Reyes, los acusados Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias, entre otros.
El juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó el envío a juicio el 29 de junio de 2023, tras presentar las pruebas que sustentan los cargos de corrupción, soborno, desfalco, estafa al Estado y lavado de activos.
En total, la acusación abarca 41 personas físicas y 22 empresas presuntamente vinculadas a la red que habría operado en perjuicio del Estado dominicano y los contribuyentes.
