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Periodismo bajo acoso y censura judicial: testimonios desde los territorios más hostiles de las Américas

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Punta Cana.- En el marco de la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), periodistas de distintos países latinoamericanos compartieron experiencias y desafíos que enfrentan al ejercer su labor en contextos de violencia, corrupción y persecución judicial.

En el panel “Periodismo bajo acoso en territorios hostiles”, moderado por Carlos Jornet, el periodista haitiano Joseph Guyler Delva, reconocido por su labor en defensa de la libertad de prensa y de expresión, habló sobre la preocupante situación de la prensa en su país. La SIP colaboró recientemente para facilitar la salida de Delva del país, ante el riesgo inminente que corría su vida.

“El gobierno está decidido a silenciar a la prensa. No quieren que la verdad se conozca, por eso los periodistas son un problema”, sostuvo Delva. Además, aseguró que el poder ejecutivo utiliza dinero del Estado para financiar a personas que desacreditan y difaman a periodistas.

“Han acusado a varios periodistas, incluyéndome a mí, de haber estado vinculado a las pandillas. Ellos llevan esos mensajes para desprestigiar a la prensa, para que no nos tomen en serio”, comentó.

Desde Perú, Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) describió un panorama de violencia y acoso judicial en un contexto político de alta inestabilidad. “En Perú tenemos una especie de agujero negro en la política y hay una corriente corrupta, delincuencial, del crimen organizado. Dentro de ese escenario, los periodistas estamos desprotegidos”, mencionó.

Salazar Zimmermann agregó que cada año se registran alrededor de 30 querellas contra periodistas y el 80% son impulsadas por funcionarios públicos o sus familiares. Algunos comunicadores cargan con procesos que se prolongan por más de siete años, lo que genera un efecto de intimidación y desgaste.

Mariano Sandoval, gerente de Nuevos Negocios del diario Prensa Libre, advirtió que en Guatemala persisten las acusaciones y procesos judiciales contra periodistas y medios, encabezados por el Ministerio Público. Mencionó especialmente el caso de José Rubén Zamora detenido en julio de 2022, quien continúa sin poder ejercer plenamente su defensa, en medio de un proceso deliberadamente lento y opaco.

“Guatemala está muy cerca de convertirse en algo ingobernable, lamentablemente se ve afectada la prensa y la libertad de expresión. En varias zonas del país no hay protección estatal ni garantías para el trabajo periodístico”, dijo Sandoval.

En el panel “Judicialización y censura”, moderado por Martha Ramos, el director ejecutivo de Televicentro, Honduras, Sebastián Pastor, describió una situación de debilitamiento democrático y autocensura creciente en su país, donde los procesos judiciales se usan como arma para intimidar a medios y periodistas. Recordó que en las últimas dos décadas más de 100 comunicadores fueron asesinados y que el 88% de los casos permanece impune.

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“No existe una conciencia ciudadana profunda sobre la importancia de la libertad de expresión y prensa como una piedra angular de todas las libertades y como un elemento crucial de la democracia”, sostuvo Pastor.

Por su parte, Rita Vásquez, de La Prensa de Panamá, denunció el impacto económico de las demandas millonarias por calumnias e injurias, que ya suman unos 60 millones de dólares. “Estos recursos podrían haberse destinado a hacer buen periodismo, pero terminan en defensa legal”, señaló. Vásquez advirtió sobre la tendencia del gobierno a castigar a los medios críticos y condicionar la publicidad estatal.

Luciano Pascoe, de TV Azteca, advirtió que en México la judicialización busca acallar las voces críticas del régimen mayoritario, mediante el hostigamiento, la exposición pública y la violencia contra periodistas. “Estamos en riesgo, debemos estar más unidos que nunca. Nosotros seguiremos dando batalla. Aquí estamos y aquí seguiremos”, dijo al finalizar el panel.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

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