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Santo Domingo.- La Policía Nacional informó que 93 presuntos delincuentes han muerto en lo que va de 2026 durante alegados “intercambios de disparos” con agentes del cuerpo del orden.
El director de la institución, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, defendió las actuaciones policiales y aseguró que estas intervenciones responden a una estrategia para enfrentar la criminalidad y no a acciones arbitrarias.
Según explicó, la línea de mando no promueve el uso indiscriminado de la fuerza letal, sino que los agentes actúan cuando enfrentan resistencia armada durante operativos o intentos de arresto.
“El ciudadano que comete un delito y no enfrenta a la institución es arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público”, expresó el jefe policial durante declaraciones ofrecidas en la sede de la Policía Nacional.
Asimismo, sostuvo que el respeto a los derechos humanos no significa que los agentes deban ceder ante la delincuencia. “No vamos a rehuir ante el crimen”, afirmó.
De su lado, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, indicó que la tasa acumulada de homicidios se ubica actualmente en 7.34 por cada 100 mil habitantes, una reducción frente al 12.7 registrado en 2023.
No obstante, las estadísticas oficiales reflejan que la delincuencia ha provocado 117 muertes en lo que va de año, mientras que los conflictos sociales han dejado otras 184 víctimas.
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Raful también anunció que a partir del próximo 3 de agosto entrará en vigencia la Ley 74-25, que contempla la creación del Registro Único de Agresores Sexuales.
Además, informó sobre el lanzamiento de una plataforma tecnológica para que los ciudadanos puedan verificar si un teléfono celular tiene reporte de robo antes de adquirirlo, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad en las investigaciones.
El término “intercambio de disparos” suele ser utilizado por las autoridades para describir enfrentamientos armados entre agentes y presuntos delincuentes, bajo el argumento de que los policías responden a una agresión previa y actúan en legítima defensa. Sin embargo, el concepto continúa generando debate en sectores sociales y de derechos humanos, que cuestionan algunos de estos casos y piden mayores niveles de transparencia en las investigaciones.
