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Santiago.- La jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, recesó este martes para las 6:30 de la tarde la audiencia de medida de coerción contra 11 agentes de la Policía Nacional acusados de matar a cinco hombres durante un supuesto intercambio de disparos en una plaza comercial del sector La Barranquita, ocurrido el pasado 10 de septiembre.
El proceso, que ha generado gran expectativa y un amplio despliegue de seguridad, se desarrolla en la Corte de Apelación del Palacio de Justicia de Santiago, debido a las limitaciones de espacio y al alto interés público que ha despertado el caso.
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Los imputados son: el mayor Álvaro Paredes Paniagua, el capitán José Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, y los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y Adrián Miguel Villalona Pineda, adscritos al Departamento de Investigación de Delitos Complejos. También figuran el mayor Hansel Michel Cuevas Carrasco, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo, el cabo César Augusto Martínez Trinidad y el raso José Octavio Jiménez Peña, pertenecientes a la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central.
El Ministerio Público, encabezado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, junto a una fiscal de Santiago, solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo, argumentando que existen elementos probatorios suficientes que comprometen la responsabilidad penal de los agentes.
A los policías se les imputa asociación de malhechores y homicidio voluntario, cargos que la Fiscalía sustenta con pruebas documentales, testimoniales y periciales que, según sostiene, evidencian la participación directa de los acusados en el hecho.
El abogado Esteban Pérez, representante legal de la familia de Vladimir Valerio Estévez, una de las víctimas, expresó su confianza en que la magistrada Cabral tomará una decisión ajustada a derecho, señalando que “existen pruebas convincentes en contra de los agentes policiales”.
Este proceso se ha convertido en uno de los casos judiciales más seguidos en Santiago, por la magnitud del hecho, el número de involucrados y la presión social que exige justicia para las víctimas de La Barranquita. Tras el receso, la jueza reanudará la audiencia para decidir la medida de coerción que corresponderá a los imputados.
