English
Santiago.- Los abogados de la familia de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que murió ahogada el pasado 14 de noviembre durante una excursión escolar en Gurabo, recibieron este lunes el expediente de solicitud de medidas de coerción contra cuatro directivas del Colegio Leonardo Da Vinci, mientras aún no se confirma la fecha de audiencia en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Ministerio Público solicita una garantía económica de RD$50 millones por cada imputada, además de presentación periódica, impedimento de salida del país y uso de localizadores electrónicos, al considerar dichas medidas “idóneas y proporcionales”, conforme al artículo 226 del Código Procesal Penal.
Las imputadas son Yris del Carmen Reyes Adames (directora administrativa), Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella (coordinadora general), Francisca Josefina Tavárez Vélez (orientadora) y Vilma Altagracia Vargas Morel (coordinadora del nivel secundario). Todas fueron arrestadas el sábado y permanecen detenidas en la carcelita del Palacio de Justicia.
Te puede interesar: Arrestan cuatro miembros del Colegio Leonardo Da Vinci por muerte de Stephora Joseph
El expediente, que supera las 500 páginas, fue entregado a los representantes legales de la familia, quienes analizan si la acusación del Ministerio Público cuenta con el debido sustento jurídico. El abogado Miguel Valdemar adelantó que, de acuerdo con esa evaluación, podrían someter nuevas acciones legales.
La Oficina de Atención Permanente del distrito judicial aún no ha fijado la vista para conocer las medidas de coerción.
La investigación, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora Olga Diná Llaverías, bajo instrucciones de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, establece que en la excursión participaron 87 estudiantes supervisados solo por tres cuidadoras, sin salvavidas ni evaluación previa de las áreas acuáticas de la hacienda Los Caballos, donde ocurrió la tragedia.
El caso fue tipificado como homicidio involuntario en violación al artículo 319 del Código Penal, además de abandono y maltrato infantil según la Ley 136-03. La Fiscalía sostiene que posee videos que evidencian una “negligencia extrema” en la supervisión y organización del recorrido educativo.
Paralelamente, el Ministerio de Educación fue requerido para inspeccionar el centro educativo con el fin de determinar si existen prácticas que vulneren la seguridad y el interés superior del niño.
La muerte de Stephora continúa generando fuerte indignación social y exigencias de justicia por parte de la familia y la comunidad educativa, quienes insisten en que este caso no debe quedar impune.
