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La formalización de la acusación a los encartados en el denominado caso “Medusa”, sobre los cuales el Ministerio Público asegura haber hallado indicios de diferentes infracciones penales, indudablemente marca una pauta de conducta que debe establecerse como un referente para el futuro.
Encartar en un expediente tan vergonzosamente grueso a personalidades y empresas como lo ha hecho la Procuraduría General de la República, solo ha podido ser posible a partir de una decisión política que marca un antes y un después en materia de persecución de la delincuencia que se ejerce desde funciones públicas y sus conexidades.
Con este expediente estamos asistiendo a una realidad que no era previsible antes de que el actual presidente de la República decidiera, de manera real y efectiva, despojarse de la prerrogativa política de trazar pautas de hasta dónde podía avanzar el Ministerio Público en la lucha contra la corrupción.
Décadas atrás eso no era previsible, pues muchas veces el Ministerio Público fue utilizado para el andamiaje persecutorio selectivamente establecido, siempre cuidando no tocarse a las cercanías del poder político de turno.
De eso se tienen referencias para acopiar varios volúmenes de las ignominias judiciales de que fueron víctimas propiciatorias, no sólo personas, sino incluso generaciones.
Es decir, que entonces era impensable suponer que, por ejemplo, un hijo de un ministro o una empresa ligada a éste fueran incluidos en un expediente del calibre de Medusa, lo que significa que a partir de los acontecimientos actuales se asume que la institucionalidad se fortalece.
Podemos afirmar que las pocas ocasiones en que funcionarios, ex funcionarios o allegados fueron procesados, obedecieron al interés muy marcado, no con fines de pautar una conducta tendente a adecentar la administración pública, sino por otros designios menos plausibles.
En realidad, la mira siempre estuvo enfocada casi exclusivamente a sofocar a opositores en acciones muy alejadas del verdadero interés nacional de que la corrupción fuera sancionada sin detenerse en relaciones ni afinidades políticas.
Sin embargo, y más allá del hecho trascendental de dejar que el Ministerio Público haga su trabajo, hay datos que probablemente saldrán a la luz durante los debates en las etapas cruciales del proceso.
Uno de ellos—a menos que el exprocurador Jean Alain Rodríguez quiera cargar con toda la responsabilidad—es que una parte importante del dinero que se afirma derivó de sobornos, fue usado por el imputado para costear gastos de campaña del Partido de la Liberación Dominicana.
Lo que refiero no busca excusar a Rodríguez del peso de su responsabilidad frente a las anomalías que le atribuyen, sino para que los funcionarios entiendan, de una buena vez, que todas las órdenes no se cumplen.
Y son muchos los indicios que apuntan a que, en algunos aspectos, la gestión de Rodríguez sirvió de “caja chica” de Danilo Medina para cuestiones políticas y electorales que al ex jefe del Estado le interesaban, sobre lo cual el ahora imputado no supo decir que no.
Es la clásica “obediencias debidas” que muchos admiten y que posteriormente terminan pagando los platos rotos por no saber decir que no se puede.
