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Demuestran los voceros en el Congreso, tanto los de Leonel como los de Danilo, su incapacidad para manejar el miedo que sienten, con una eventual aprobación de una verdadera Ley de Extinción de Dominio.
Les aterra perder toda la acumulación de bienes ilícitos, obtenidos mediante delitos y crímenes en el ejercicio en cargos públicos, la apropiación de bienes estatales y privados a través de fraudes y leyes ambivalentes, como la Ley de Capitalización de las Empresas Públicas, Ley de Hidrocarburos y Combustibles Fósiles, Ley Eléctrica, Ley de Lavado de Activos y la Ley de Drogas.
Sienten pánico los senadores y diputados del partido de la Liberación Dominicana y los de la Fuerza del Pueblo, de que una de Ley de Extinción de Dominio, con los mismos efectos de la Ley 5785, de fecha, 4 de enero de 1962, la cual confiscó todos los bienes de la familia Trujillo, puesto que el celo de sentirse despojados de bienes que suponen como suyos y eternos, vuelvan a la mano del pueblo dominicano.
Es que volver a la chancleta y bajarse de la yipeta, robada a la nación, es una pesadilla para los peledeístas morados o verdes.
Pierden el sentido de Estado, la compostura y padecen frenesí, los colegas congresista del PLD y de la FP, por el duelo que le provocaría la incautación de bienes inmobiliarios, monetarios y financieros devueltos a patrimonios Estatal, porque una Ley de Extinción de Dominio, sin ambivalencia, ni patrañas, decomisaría, por ejemplo, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, una propiedad multimillonaria, de un presidente que llega al poder declarando menos de $15 millones, y sale 4 años después con una institución multimillonaria con activos inmobiliarios, educativos, tecnológicos y mobiliarios, valorados en cientos de millones de pesos, obtenidos con donaciones de personalidades, empresas, bancos y compañías constructora favorecidas por él en su gestión presidencial.
Renunciamos de la Comisión que tiene a su cargo el estudio de esta ley, con una carta que dirigimos al honorable presidente de la misma y anexamos el estudio forense que, previamente encargamos en nuestra condición de profesional de la medicina, a fin de justificar las razones por las cuales abandonamos nuestro asiento, con el propósito de prevenir el espectáculo desagradable que hoy sale a los medios, una nota muy negativa sobre el compromiso democrático de un legislador, un representante político que renuncia a sus intereses personales y políticos, para asumir solo los intereses generales de la nación, nunca los intereses privados o personales de grupos.
