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¿Cómo se crea una cultura? Los teóricos dicen que una cultura se crea mediante un proceso continuo de aprendizaje social, imitación y adaptación, donde un grupo define, comparte y refuerza valores, hábitos y normas de conducta.
Durante muchos años crecimos en un círculo vicioso de una clase política que normalizó la corrupción. A tal punto que herederos de nuestros tiempos, aquellos llamados a marcar la diferencia, lo que hicieron fue cultivarla, negar su existencia o, simplemente, no hacerle caso ni al rumor público que delata a los que llegan al poder para enriquecerse y no para servir.
Cuando se suponía que la caída de la dictadura de Trujillo sepultaría la idea de que el Estado es un patrimonio personal, el país fue repartido como un pastel de cumpleaños. Y así, desde los tiempos de Joaquín Balaguer, cuando la corrupción se paraba en la “puerta del despacho presidencial”, hasta gobiernos posteriores donde esa puerta se abrió de par en par, esa azarosa atracción por la opulencia y el robo descarado de las arcas del Estado fue consolidando una pedagogía perversa de la impunidad como norma y no como excepción.
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Así se incubó una cultura que se fortaleció de gobierno a gobierno. Una cultura donde el erario dejó de verse como sagrado y pasó a entenderse como una herencia de la clase política; donde el funcionario honesto ha sido la rareza y no el estándar; donde la astucia para burlar controles se celebra más que la vocación de servicio; donde enriquecerse de la noche a la mañana y exhibir opulencia sin justificación dejó de ser motivo de sospecha y pasó a verse como símbolo de “éxito”.
Y cuando una práctica se repite sin consecuencias, con instituciones débiles y élites políticas y económicas dispuestas a mirar hacia otro lado mientras se benefician del desorden, termina por legitimarse socialmente. Porque la corrupción no solo se expresa en grandes escándalos, sino que también se filtra en la tolerancia cotidiana, en el “eso siempre ha sido así” o “todos son iguales”, sembrando la idea peligrosa de que robar desde el poder es casi una condición natural del ejercicio político.
Pero si la cultura se aprende, también puede desaprenderse. Y ahí está el verdadero punto de inflexión.
Cambiar una cultura de permisividad por una de respeto al dinero público exige algo más que discursos de “mano dura” o buenas intenciones. Requiere señales claras, sostenidas y coherentes desde el poder; instituciones que funcionen sin excepciones; sanciones ejemplares que se apliquen sin importar apellidos, relaciones o capital político, y un liderazgo dispuesto a pagar costos reales en nombre de principios.
No se trata de idealismo ingenuo, sino de comprender que cada peso malversado es una escuela que no se construye, una calle que no se arregla, una salud que no llega al enfermo, una oportunidad que se pierde. Es, sin duda, un daño directo a la calidad de vida de la gente.
Por eso, comenzar a construir una cultura de respeto al erario público implica redefinir lo que como sociedad estamos dispuestos a aceptar. Implica pasar del cinismo al compromiso, de la tolerancia al reclamo, del silencio cómplice a la exigencia activa. Ninguna transformación será sostenible si la ciudadanía se limita a observar; la presión constante, informada y vigilante es el verdadero antídoto contra la impunidad.
Claro, esta cultura perversa no cambia de la noche a la mañana, pero el proceso se acelera cuando el mensaje es inequívoco, de que robar no es normal, no es parte del juego y no será tolerado en una sociedad que aspira al desarrollo.
Y tal vez ahí radique la transformación más profunda. Cuando las instituciones se fortalecen y las normas se cumplen a cabalidad; cuando el poder deja de enseñar con el mal ejemplo y empieza, de una vez por todas, a educar con conducta, el tiempo se ocupa del resto.
En ese contexto, las señales que ha venido enviando el presidente Luis Abinader resultan, en principio, alentadoras. La narrativa de la lucha contra la corrupción y la justicia independiente, junto al fortalecimiento de ciertos mecanismos institucionales y la disposición a permitir que los procesos avancen sin interferencias políticas, apuntan en la dirección correcta.
Sin embargo, la sociedad no puede conformarse con narrativas. Debe empoderarse para exigir mensajes más firmes, reglas inequívocas y consecuencias visibles que despejen cualquier ambigüedad y consoliden la confianza ciudadana. Porque esta cultura no cambia solo cuando el poder promete, sino cuando entiende que ya no tiene permiso para fallar ni dar marcha atrás.
