sábado, mayo 30, 2026
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Propietarios de billares en Los Alcarrizos exigen respeto a los horarios establecidos y denuncian abusos

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Los Alcarrizos, R.D. – Propietarios y administradores de billares del municipio de Los Alcarrizos han alzado su voz para exigir al Ministerio de Interior y Policía el cumplimiento de las medidas tomadas por la Presidencia de la República respecto a los horarios de operación.

Alegan ser víctimas de constantes abusos durante operativos que incluyen cierres prematuros de hasta dos horas antes del horario establecido, pérdida de cuentas abiertas, apretamiento de clientes y el apresamiento y maltrato de administradores y empleados.

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Los afectados sostienen que, tras la pandemia, el propio Gobierno decidió extender los horarios de operación por dos horas adicionales para ayudar a los negocios a recuperar la economía perdida. Sin embargo, denuncian que estas disposiciones no se están respetando y que tanto el Coba como la Fiscalía actúan de forma arbitraria.

Santiago Cáliz, administrador del billar “La Grandota”, expresó que los operativos son injustificados ya que estos negocios operan en zonas comerciales que no afectan a la población general. Agregó que las autoridades deberían enfocar sus esfuerzos en negocios clandestinos que operan en la informalidad, no pagan impuestos y ocupan calles públicas, en lugar de perjudicar a comercios establecidos que generan empleos y cumplen con sus obligaciones legales.

Por su parte, Lester Ferrera, presidente de la Asociación de Billares y Bares de Los Alcarrizos (Asobiba), afirmó que estas acciones están afectando directamente a cientos de familias y empleados que dependen de estos negocios. Mientras tanto, David Ovalle, representante de la Asociación de Comerciantes Diversos de Los Alcarrizos y Zonas Aledañas (Asocodial), solicitó la intervención directa del Presidente de la República para garantizar que los derechos de los comerciantes sean respetados.

Los administradores y propietarios piden una revisión de las acciones de las autoridades locales, la regularización de los operativos y la atención inmediata a esta problemática, ya que aseguran que los abusos están poniendo en peligro la estabilidad de sus negocios y la economía de numerosas familias en la zona.

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