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Santo Domingo. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, manifestó este martes que el proceso de reforma y modernización de la Administración Pública debe ser asumido como una política de Estado, para lo cual es muy relevante su legitimación social, reconociendo que su implementación supone mejorar la calidad de vida de los dominicanos.
«Pongamos en marcha la construcción de un compromiso por crear y sostener las mejores condiciones institucionales posibles, lo que debe garantizar que nuestros esfuerzos, los esfuerzos de quienes nos antecedieron y los de aquellos que nos sucedan, conformen una espiral de desarrollo continuo«, expresó.
La vicepresidenta Peña, precisó que este compromiso no debe ser solo el reflejo de voluntades perecederas y desarticuladas, sino el resultado firme y sostenible de una decisión nacional que se inspire en la fulgurante historia patria y en el pensamiento preclaro del liderazgo político nacional.
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Al encabezar el acto de apertura del “Primer Encuentro Nacional sobre Reforma y Modernización de la Administración Pública: Hacia un Pacto Nacional por la Institucionalidad en República Dominicana”, sostuvo que buscan que esta iniciativa sea resultado de la buena disposición y los mejores deseos de ver como el país sigue avanzando por la senda del progreso, las libertades y la consolidación de la democracia.
Durante el acto, organizado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y su titular, Darío Castillo Lugo, la vicepresidenta Peña destacó la decisión y voluntad firme de gobernar del presidente Luis Abinader apegado a los principios constitucionales, al marco jurídico y a las mejores prácticas de transparencia y eficiencia.
Con esto, indicó, envió un mensaje claro a una nación abrumada por la corrupción y el nepotismo, que levantaba su voz reclamando legalidad, justicia y transparencia.
A la vez, expuso, se inició el desmonte de una serie de entes públicos, algunos de ellos caídos en desuso o creados por decisiones coyunturales para satisfacer aspiraciones personales, la mayoría de los cuales se habían acumulado en torno a la Presidencia de la República y claramente usurpaban atribuciones a instituciones tradicionales de nuestra arquitectura organizativa.
