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Washington. - El Tribunal Supremo de Georgia desestimó este lunes la petición del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) de eliminar las pruebas recogidas por un gran jurado especial sobre sus esfuerzos para anular la victoria de Joe Biden en ese estado en las presidenciales de 2020.
La decisión de los nueve magistrados de esa corte fue unánime, según precisó el diario The Hill, y tampoco tuvo en consideración la solicitud de sacar del caso a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis.
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El exmandatario republicano pretendía impedir que las conclusiones de ese gran jurado especial no llegaran a manos del gran jurado elegido el pasado 11 de julio y que tiene la potestad de imputarlo por injerencia electoral.
Su reclamo al Supremo estatal tuvo lugar la semana pasada, pero Trump ya había presentado una moción en marzo ante un tribunal de menor instancia y esa petición todavía no se había resuelto allí.
La máxima instancia judicial recalcó en su decisión que no se puede invocar su jurisdicción "como una forma de eludir los canales habituales" y apuntó que el demandante no ha demostrado que se trate de una de esas "extremadamente raras circunstancias" en las que deba actuar, por lo que desestimó su petición.
Supremo de Georgia
Willis investiga desde principios de 2021 si Trump y sus aliados se saltaron alguna ley al presionar a los políticos de ese estado en relación con los resultados de las presidenciales de 2020 y había sugerido que probablemente iba a presentar cargos.
Trump, imputado en junio ante un tribunal de Miami (Florida) por retención ilegal de secretos del Gobierno, obstrucción a la Justicia y conspiración, entre otros delitos. Se trató de la primera vez en la historia del país en la que un exmandatario resultó imputado con cargos federales y esa acusación llegó en plena precampaña por las presidenciales de 2024.
El expresidente estaba acusado además en marzo en un tribunal de Manhattan (Nueva York) por pagos irregulares para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels durante su campaña electoral de 2016. Esa fue la primera imputación de delitos penales lanzada contra un expresidente estadounidense, en ese caso a nivel estatal.
