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Recibimos con mucha tristeza la confesión de la Superintendencia de Pensiones, cuando admite su carencia de información, la operación y el balance de sus reservas para determinar su rentabilidad, pero tampoco sabe nada de los planes privados de estas empresas financieras del país. Pues, peor aún, dice la Sipen que, después de 18 años de operaciones del sistema de pensiones, no los tiene registrados ni puede fiscalizarlos, porque la Ley de Seguridad le impide cumplir con esta función.
Quedan pocas dudas de la trampa en que encierra este fraude de ley. Puesto que, el expresidente Leonel Fernández le otorgó los controles políticos, mediante reglamentos a un banco, el cual logró disponer de nombramientos de los jefes de la Superintendencia de Pensiones, de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y de la presidencia del Consejo de la Seguridad. Es por esto que, esa entidad financiera se aseguró con el favor de todas las normas operativas y de desempeño del sistema.
Oír a la señora Kirsis Jáquez, presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, una ejecutiva del banco que, desde el 2004, tiene el dominio del sistema, y dentro del apresuramiento que le impone el escándalo de la retención indebida de más de RD$20,000,000,000.00 de pesos, que le niegan a parientes de afiliados fallecidos, proponer inmoralmente una reforma a los fondos de pensiones, es verdaderamente una burla a la democracia y al Congreso de la República.
Descansa, desde tiempos lejanos, una reforma a la Ley de la Seguridad Social, duermen las comisiones de las dos cámaras y una comisión bicameral creada para estos fines, donde, a pesar de los daños a los afiliados, y la modificación de 25 puntos propuestos por la señora Jáquez, ella omite reducir las comisiones y la revisión del subsistema provisional sobre el cual descansa la gula y la avaricia financiera de estos pulpos, que se tragan los beneficios y sus dependientes.
