English
Santo Domingo. – Cada año, el Estado dominicano destina miles de millones de pesos para saldar sentencias judiciales, representando una carga económica que afecta las finanzas públicas. Pagos por justiprecio, expropiaciones y demandas por daños y perjuicios han puesto en evidencia la falta de previsión y gestión adecuada en las instituciones gubernamentales.
Uno de los casos más llamativos es el de Carlos Ramón Salcedo Camacho, quien en 2013 recibió 141 millones de pesos por una deuda del Instituto Agrario Dominicano con los sucesores de Oliver Cromwell Arthur Connor, según una sentencia de amparo de 2012. Solo un año después, en 2014, obtuvo 8.3 millones más por otra cesión de derechos vinculada a la DNCD y a Servicios y Construcciones Espaillat.
Otro pago relevante fue el realizado en 2014 a la empresa Comercializadora del Este, que recibió 22 millones de pesos como parte de una sentencia de 2008 contra el Consejo Estatal del Azúcar. Además, siete miembros de la familia Amparo Soriano fueron beneficiados con pagos individuales de más de 1 millón de pesos cada uno, tras fallos del Tribunal Superior Administrativo.
Falta de previsión y negligencia estatal
Según expertos, muchas de estas indemnizaciones podrían evitarse si se aplicaran políticas de control más eficientes. La abogada Yulibelys Wandelpool explicó que cuando un funcionario desvincula a un empleado, debe prever la apropiación presupuestaria para cumplir con el pago en un plazo de 90 días. Sin embargo, en muchos casos, la falta de planificación genera largas batallas legales y pagos con intereses acumulados.
El Instituto Nacional de Estabilización de Precios es una de las entidades más afectadas por sentencias laborales. En 2023, tuvo que pagar más de 9 millones de pesos en demandas laborales que se remontaban a 2007.
Astreintes: una sanción que encarece la deuda estatal
Uno de los factores que incrementa los montos de estos pagos son los astreintes, sanciones impuestas a las instituciones que no cumplen con sentencias en el tiempo establecido. En 2018, Blaurio Alcántara recibió 17 millones de pesos debido a que el Consejo Estatal del Azúcar ignoró por cinco años un fallo de 2013. Casos similares ocurrieron en 2021, cuando Juan Alfredo García y Ana Josefa Borbón cobraron 837 mil pesos tras una espera de más de dos años.
Pagos vinculados a la Operación Calamar
El 2020 marcó un récord en pagos de justiprecio y expropiaciones, con más de 6,200 millones de pesos desembolsados. Algunos de estos casos han sido señalados por su posible relación con la Operación Calamar, una red de corrupción que habría utilizado indemnizaciones para el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empresarios.
Entre los pagos sospechosos destaca el de Marcial Reyes y compartes, quienes recibieron 1,030 millones de pesos en 2020, y el de Battesimo Bruno Palamara Mieses, que obtuvo 831 millones de pesos por una sentencia contra el Consejo Estatal del Azúcar.
Un problema sin solución a la vista
Las cifras muestran un patrón preocupante: el Estado acumula deudas judiciales por años, permitiendo que los intereses y penalidades aumenten los montos a pagar. La falta de mecanismos eficientes para resolver estos conflictos genera un círculo vicioso de demandas, pagos tardíos y un impacto financiero severo para el país.
