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A raíz del trágico derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido la madrugada del martes 8 de abril en el kilómetro 6 de la avenida Independencia, han salido a la luz múltiples irregularidades en los certificados de defunción emitidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), lo que podría afectar los derechos legales de los familiares de las víctimas.
Para comprender el alcance de estos errores, es fundamental distinguir entre los dos documentos legales que certifican un fallecimiento en la República Dominicana: el Acta de Defunción y el Certificado de Defunción. Aunque a menudo se usan indistintamente, cumplen funciones distintas y tienen diferente peso legal.
El Acta de Defunción
Regulada por la Ley No. 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil, el Acta de Defunción es un documento oficial con valor jurídico pleno. Se inscribe en el Registro Civil y contiene información detallada como:
- Datos personales del fallecido (nombre completo, nacionalidad, estado civil, etc.)
- Fecha, hora y lugar exacto del fallecimiento
- Causa de la muerte (según certificación médica)
- Identificación del declarante y del oficial civil
Este documento tiene fuerza probatoria plena, lo que significa que es válido ante tribunales, aseguradoras, bancos y cualquier institución que requiera prueba fehaciente del fallecimiento.
El Certificado de Defunción
Por otro lado, el Certificado de Defunción es un extracto del acta. Su propósito es facilitar trámites administrativos menores, y aunque se emite a partir del acta, no tiene el mismo valor legal. Contiene datos básicos como el nombre del fallecido, la fecha y el lugar del fallecimiento, pero no incluye todos los detalles necesarios para procesos judiciales complejos o reclamaciones.
Los errores detectados en los certificados emitidos por el INACIF —especialmente la omisión del lugar exacto del fallecimiento— pueden restarles validez ante ciertos procesos legales. Por ejemplo, en demandas contra los responsables del local o para fines de seguros e indemnizaciones, la falta de información precisa podría afectar el derecho de los familiares a recibir compensaciones justas.
De acuerdo con la información suministrada por la administración del INACIF, los familiares de las víctimas pueden acudir directamente a sus oficinas para solicitar la corrección oficial de los documentos. Esta gestión es clave para evitar obstáculos legales en el futuro.
