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Santo Domingo.- La senadora Aracelis Villanueva, presidenta de la Comisión Especial del Senado que tiene a su cargo el estudio del proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, indicó este miércoles a De Último Minuto que no “tienen prisa”, por lo que se tomarán el tiempo necesario para analizar la pieza, tras realizar hoy una reunión con representantes de Participación Ciudadana (PC) para escuchar sus propuestas.
“Nosotros nos vamos a tomar el tiempo que necesitemos, siempre lo he dicho, que esta comisión es garantista totalmente, y sobre todo participativa. Vamos a respetar mucho el proceso de participación, y no tenemos prisa. Esta es una ley especial que no puede sancocharse, amerita su tiempo”, afirmó la legisladora, al momento de plantear además que le gustaría concluir el proceso antes del cierre de la legislatura en julio, pero que no escatimarán el tiempo que necesite el proyecto.
La comisión recibió a Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, así como a Erick Hernández-Machado y Francisco Álvarez, integrantes del Consejo de esta institución de la sociedad civil.
Para esta entidad, el proyecto sobre libertad de expresión incluye avances significativos, entre estos el reconocimiento del acceso a internet como derecho fundamental, la prohibición de la censura indirecta mediante el uso arbitrario de recursos públicos, la distinción entre periodistas y comunicadores sociales, y la exigencia de tolerancia a la crítica por parte de figuras públicas, entre otros elementos.
No obstante, Participación Ciudadana señala aspectos que requieren revisión o mayor reflexión. Entre ellos, menciona el riesgo de interpretación del término “informaciones veraces”, que podría derivar en censura, y la exigencia de que directores de medios estén domiciliados permanentemente en el país, lo cual ignora la realidad del trabajo digital.
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También se advierte la falta de procedimientos claros para la auditoría de algoritmos, el tratamiento ambiguo sobre la desindexación de información relacionada con figuras públicas, y la potestad del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), para juzgar el “buen uso” de la lengua nacional, lo que podría abrir la puerta a censura injustificada.
Asimismo, se sugiere extender el período de inamovilidad de los miembros del INACOM a cuatro años, no a dos, como establece el proyecto en la actualidad, para con esto garantizar su independencia.
