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Washington.- Como parte de su plan para recortar el presupuesto de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés), el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, quiere modificar medio centenar de sus regulaciones, lo que incluye simplificar y flexibilizar la verificación de antecedentes para comprar armas.
Según informan este miércoles varios medios estadounidenses, el controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ha estado enviando personal para revisar el funcionamiento del ATF, del cual quiere eliminar a unos 540 de sus inspectores, dos tercios del total.
También revisar unas 50 de sus normativas, lo que incluye, por ejemplo, la destrucción de archivos de dueños de armas de fuego pasados 20 años (en la actualidad deben guardarse de manera permanente) o extender el periodo de revisión de antecedentes previo a la compra de un arma de fuego de 30 a 60 días.
Todo esto busca reducir el volumen de burocracia con el que carga esta oficina que depende del Departamento de Justicia, el cual ha propuesto ya una reducción de presupuesto para la ATF del 25 % para el próximo ejercicio fiscal, que arranca en octubre.
La fiscal general, Pam Bondi, incluso ha llegado a proponer fusionar la ATF con la Administración de Control de Drogas (DEA).
Estas medidas de recorte burocrático aumentan el riesgo de que se creen lagunas relativas a los antecedentes y datos de las personas que posean y quieran comprar armas, según argumentan asociaciones para el control de armas de fuego.
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Y a esto se suma el plan para simplificar el formulario 4473 -el que requiere la ATF para iniciar el proceso de revisión de antecedentes- de las siete páginas actuales a tan solo tres, según adelantó el diario The Washington Post.
De acuerdo con los últimos datos de la ONG Gun Violence Archive, desde el inicio del año han fallecido en EE.UU. 7.358 personas en incidentes con armas de fuego y 13.203 han resultado heridas, mientras que se han producido 192 tiroteos masivos, un término que incluye un mínimo de cuatro personas heridas o fallecidas, sin contar al agresor.
De entre las víctimas, 503 adolescentes (entre los 12 y los 17 años) se cuentan entre los fallecidos desde que arrancó 2025, mientras que 1.424 han resultado heridos.
