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Santo Domingo. – El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, reafirmó su compromiso con la transformación del sistema judicial dominicano, proponiendo una visión centrada en la digitalización integral y el fortalecimiento de los acuerdos como herramientas clave para reducir la mora judicial.
Molina, quien también encabeza el Consejo del Poder Judicial, planteó que los procesos judiciales no deben extenderse más de seis meses por instancia, como fue concebido en el Código Procesal Penal. Para lograrlo, propuso la creación de una oficina técnica previa al juicio, encargada de preparar expedientes y facilitar negociaciones en la audiencia preliminar, fortaleciendo así los acuerdos.
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En ese mismo orden, sugirió que los tribunales unipersonales manejen una mayor carga de casos, adaptándose mejor a los delitos de menor complejidad. También abogó por establecer el “interés casacional” en la Suprema Corte de Justicia, con el fin de evitar la acumulación de expedientes y permitir una jurisprudencia más sistemática.
Justicia digital, audiencias virtuales y cero papel
Molina destacó que la digitalización debe ser transversal, conectando a todos los actores del sistema, desde la Policía Nacional hasta los tribunales. “No hay razón para que hoy en día no se notifique ni se tramite electrónicamente”, afirmó, señalando que el Poder Judicial ya tiene la tecnología y cinco años de avance en esta área.
De igual forma, propuso que las audiencias no esenciales, como las preliminares o las de acuerdos, se realicen de forma digital, mientras que las de fondo pasarían por una transición más gradual.
Uno de los logros más significativos de su gestión ha sido la reducción de la mora judicial en la Suprema Corte. Gracias a la gestión digital, la firma electrónica y la eliminación del papel en salas como la Penal, un 81% de los casos se resuelven en menos de tres meses.
Retos y reformas estructurales
A pesar del progreso en las cortes de apelación, Molina reconoció que los tribunales de primera instancia en zonas como Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional aún enfrentan retrasos, con niveles de resolución por debajo del 80%.
También advirtió que prácticas judiciales tradicionales deberán desaparecer, pese a la resistencia que eso pueda generar, y apoyó la posición de la procuradora Yeni Berenice Reynoso en cuanto a que casos de salud mental o consumo de drogas no deberían judicializarse.
Finalmente, resaltó la importancia de una investigación científica y rigurosa en los juicios de fondo, y valoró positivamente el proceso de coordinación interinstitucional que, según el defensor público Rodolfo Valentín, está sentando las bases para una justicia más transparente y eficiente al servicio de la ciudadanía.
