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Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó formalmente a la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la variación de la medida de coerción impuesta a Johanna del Carmen Madera de Stanley, condenada por ciberdelitos, tras alegar que la imputada ha continuado incurriendo en hechos delictivos, a pesar de tener una sentencia condenatoria vigente.
En la instancia depositada, el órgano persecutor recuerda que Madera de Stanley fue condenada en noviembre de 2024 a tres años de prisión por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras comprobarse que suplantó la identidad de la señora Karla Fitch para amenazar a padres del Colegio Mundo Creativo Montessori, generando pánico y movilización de seguridad en la institución educativa.
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Sin embargo, solo tres meses después de dicha condena, el Ministerio Público judicializó un segundo caso contra la imputada, por presuntamente haber amenazado de muerte al presidente de la República y a los comunicadores Jaime Rincón y Julio Manuel Sierra, utilizando nuevamente la identidad de la misma ciudadana.
El expediente también incluye una tercera actuación delictiva atribuida a Madera de Stanley, quien habría financiado a la comunicadora Ingrid Altagracia Jorge Pérez para ejecutar una campaña de difamación e injuria contra el procurador adjunto Iván Féliz Vargas, responsable de la investigación que derivó en su primera condena. Según consta en la instancia, Ingrid Jorge confesó públicamente haber actuado bajo instrucciones y con recursos aportados por la imputada.
Ante estos hechos, y dado que se han alterado los presupuestos originales que justificaron medidas menos severas, el Ministerio Público solicitó la aplicación del artículo 238 del Código Procesal Penal, pidiendo que se imponga prisión preventiva contra Madera de Stanley en el Centro Penitenciario Najayo Mujeres, en sustitución del impedimento de salida y la garantía económica vigentes.
El órgano persecutor reafirmó su compromiso con la lucha contra los delitos tecnológicos y la protección de las instituciones públicas, exhortando a la Corte de Apelación a acoger la solicitud en aras del interés general y la prevención de nuevos delitos.
