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Santo Domingo.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), ha valorado la reciente promulgación del nuevo Código Penal de la República Dominicana como un paso histórico hacia la modernización del sistema legal, pero alertó sobre los vacíos de la pieza que consideran no responde a las complejidades del siglo XXI.
En ese sentido, saludan la inclusión de más de 70 nuevos tipos penales que abordan fenómenos como el feminicidio, la corrupción, los delitos cibernéticos, el sicariato, la violencia económica y el uso de deepfakes con fines delictivos. Consideraron que para el sector empresarial joven, estos avances reflejan una respuesta necesaria a los retos contemporáneos de la sociedad dominicana.
No obstante, la organización expresó su preocupación por algunas disposiciones del nuevo Código Penal que podrían afectar negativamente al clima de negocios, en especial para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). En particular, señalaron el artículo 8 y sus relacionados, los cuales establecen un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas que podría comprometer a las empresas por acciones cometidas por subordinados, incluyendo empleados y contratistas, incluso sin representación legal.
Según ANJE, este enfoque genera inseguridad jurídica y podría incrementar los costos de cumplimiento, desincentivando la formalización empresarial. La obligatoriedad de implementar programas de cumplimiento normativo, sin que estos constituyan una eximente de responsabilidad penal, se percibe como una carga excesiva, especialmente para las MIPYMES.
Otro punto crítico señalado por ANJE es la falta de avances claros en temas vinculados a los derechos fundamentales de mujeres, adolescentes y niñas. Advierten que el nuevo Código Penal omite regulaciones clave como las causales para la interrupción del embarazo y una definición más precisa del feminicidio, lo cual podría representar un retroceso en materia de derechos humanos y equidad de género.
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La entidad hizo un llamado a transparentar el proceso de revisión del texto y a socializar cualquier reglamento complementario con todos los sectores de la sociedad. Enfatizan la necesidad de aprovechar el período previo a la entrada en vigor del Código Penal para realizar mejoras técnicas que aseguren su coherencia con los principios constitucionales, el respeto a los derechos fundamentales y el desarrollo económico inclusivo.
Finalmente, ANJE reiteró su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho, instando a que el nuevo Código Penal se convierta en una herramienta que armonice la protección de derechos con la promoción de la competitividad y la sostenibilidad empresarial.
